El titular de la Cámara Argentina de Comercio criticó el manejo de la actividad comercial propuesta por el Gobierno

En el marco la Jornada Nacional para Pymes: "Claves para planificar el 2011" organizada por la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio afirmó que "no nos cansamos de decir que algunos todavía creen que generar valor económico, crear riqueza y trabajo, sólo se logra con la producción de bienes físicos. Sobre la base de este falso concepto, se discrimina a las actividades del comercio y los servicios y esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que se apliquen al sector mayores tasas impositivas, en ingresos brutos, en publicidad, sellos, abasto, entre otros".

El titular de la entidad mercantil indicó además que "otra consecuencia de la aplicación de ese criterio es que las leyes nacionales sobre promoción de inversiones discriminan y no contemplan líneas de crédito a las empresas que desarrollan estas actividades. Tampoco se las reconoce en los proyectos de ley sobre entidades financieras actualmente a consideración del congreso".

El empresario indicó que el conjunto de actividades comerciales son responsables del 68% del PBI. El sector servicios emplea en la Argentina a 3.770.336 trabajadores registrados y el comercio tiene 1.039.468 empleados registrados en blanco.

Y añadió que el comercio es la principal actividad generadora del PBI, principal empleadora, con gran participación de pymes, y en muchos casos es el principal contribuyente.

"Debemos tener bien claro que no existen en la nación y en general, tampoco en las provincias y municipios, planes estratégicos de mediano y largo plazo orientados a fortalecer y desarrollar al sector. Es por ello que no podemos como empresarios desentendernos de la política y del rumbo de la macroeconomía y mucho menos limitarnos sólo a la política sectorial", aseveró Carlos de la Vega.

Al referirse a los reclamos sindicales, dijo que "por otra parte, es cada vez más frecuente la lucha entre gremios que disputan el encuadramiento sindical de los trabajadores. Cuando esto sucede, se recurre al bloqueo de los accesos a las empresas impidiendo su funcionamiento. Un conflicto que debería dirimirse pacíficamente en el ministerio de trabajo, internamente en la CGT o en la justicia utiliza como campo de batalla a las empresas. Parece que en estos casos también se pone en práctica el concepto poco democrático del manejo de la calle para dirimir conflictos o imponer supremacías, que logra por la fuerza lo que la ley y la justicia no otorgan. También son cada día más frecuentes las amenazas, paros, movilizaciones y demostraciones de poder, en oportunidad de la negociación de los convenios de salarios y nuevamente las empresas son el campo de batalla".

Además indicó que otra preocupación se da en el Congreso de la Nación, en las Comisiones de Legislación del Trabajo de ambas cámaras. "Entre otras cosas los proyectos proponen la creación de nuevas obligaciones para las empresas, que provocarán aumentos de costos laborales y administrativos, que afectaran la productividad, concepto que hoy resulta imprescindible revalorizar para sumar al objetivo de una economía que debe seguir creciendo, el concepto de que debemos hacerlo no a cualquier costo, sino de manera competitiva y eficiente", afirmó el titular de la CAC. Y agregó que "se propone establecer nuevos tipos de licencias, amplían la lista de enfermedades inculpables, aumentan las contribuciones patronales, las asignaciones familiares, las indemnizaciones, modifican las normas de conciliación obligatoria, entre otras".

También criticó que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados aprobó recientemente el dictamen que establece normas más rígidas sobre la tercerización de tareas. "La nueva norma se aplicaría no solo a rubros como limpieza o vigilancia, sino a todo lo que signifique una fragmentación del proceso productivo, como la provisión de partes, piezas, embalajes, entre otras. También habrá que responder por las deudas de las contratadas, con sus trabajadores", dijo.

Además manifestó su oposición a otro proyecto que tiene media sanción, el que establece el pago de 100 % adicional por el trabajo realizado después de las 13 horas del sábado y el domingo. "Están perjudicando con la propuesta a actividades como el turismo, la hotelería, gastronomía, espectáculos, a las miles de pymes que constituyen el grueso de estas ramas productivas y a la actividad de ciudades enteras que se benefician con el trabajo que genera el turismo especialmente los fines de semana.

Por último, con relación al proyecto sobre distribución de Ganancias de las empresas, dijo que no es cierto que el monto vaya a ser del 10%. "El reparto se hace, según lo establece el proyecto, sobre el resultado del balance, antes de pagar impuestos, por lo que la cifra real resulta el 15,3% de las utilidades".

(Ámbito Financiero)