Empieza a regir en la Ciudad el nuevo sistema de defensa del consumidor

El nuevo sistema de resolución de conflictos entre usuarios y empresas comenzará a regir hoy en Capital Federal y el Gobierno Nacional espera poder utilizarlo para multar a las empresas más denunciadas por los consumidores. Entre ellas están las compañías de servicios de celular, las automotrices, los bancos y las firmas de medicina prepaga.

Se trata del esquema de Defensa del Consumidor que diseñó la Secretaría de Comercio el año pasado, y que se aprobó en el Congreso en un paquete de medidas junto a la ley de Abastecimiento. Con este mecanismo, el Gobierno asegura que los reclamos se agilizarán, ya que las empresas deberán responder en dos meses, mientras que hasta ahora los conflictos de los usuarios podían llevar años (el promedio rondaba los nueve meses).

Para que se acorta esa brecha, se incluirá la figura del conciliador, que será designado por el Estado a través de una lista que se confeccionó en el verano: el Registro Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), que tendrá 500 funcionarios. El cambio principal será que los ciudadanos podrán reclamar antes de haber pagado lo que la empresa denunciada le exigió. Es que el consumidor debía estar hasta cuatro años solicitando la devolución de un monto que ya había abonado, con un porcentaje muy alto de casos de “desaliento”, que abandonaban el litigio. Por eso, el Gobierno asegura que será éste tema, el de los plazos, y la mayor cantidad de conflictos resueltos lo más “transformador”.

Los pagos menores a 55 salarios mínimos serán con conciliación gratuita, con un plazo máximo de dos meses, y se podrá hacer a través de la web de la Secretaría de Comercio Si la empresa no responde, o si sus abogados faltan a las mediaciones, se dará por terminado el juicio y la compañía tendrá que pagar una multa menor, para luego hacer frente a la devolución del monto en cuestión. Además, podrán ir a juicio los conflictos que tuvieron lugar en los últimos diez años, ya que ese es el plazo en el que prescriben.

El Gobierno espera con esto tener una nueva herramienta de negociación con las empresas. Es que las más denunciadas son las compañías de telefonía móvil, las automotrices, las de medicina prepaga, las compañías de internet y las cadenas de retail, sectores con los que distintas áreas del Ejecutivo tienen diálogo permanente. En la nómina de los acusados también aparecen los bancos, tanto por las comisiones y las prestaciones que hacen como por los excesos en los cobros de las tarjetas de crédito y débito. Pero con los banqueros, admiten en Economía, las negociaciones son siempre más difíciles, al margen de que son los que más se presentan en las mediaciones.

Por ahora será solo en la Capital Federal, ya que el resto de las jurisdicciones no se sumó. Solo en la Ciudad existen más de 10.000 conflictos anuales, pero la Secretaría de Comercio espera que ese número se duplique. El problema para que se reglamente en las provincias es el importante lobby que tienen los privados en las legislaturas, según deslizaron desde el Gobierno.

El nuevo sistema de Consumo Protegido fue presentado la semana pasada por el secretario de Comercio Augusto Costa, y el de Justicia, Julián Álvarez, pero aprobado por el Congreso en 2014 junto a otras leyes. En ese paquete de medidas también se incluyó el Observatorio de Precios (a cargo del subsecretario de Comercio Interior, Ariel Langer), pero la que se llevó todas las miradas fue la Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, mal llamada Ley de Abastecimiento. En ese momento, de hecho, en la Rosada hubo quejas porque esta última normativa opacó el sistema de resolución de conflictos, iniciativa aprobada en consenso por todas las fuerzas y por las organizaciones de defensa del Consumidor.

CLAVES

 A través de la web. www.consumoprotegido.gob.ar.

 Por teléfono: 0800-666-1518

 Presencial: en alguno de los 19 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que existen en la ciudad.
 Monto máximo: $259.380 (55 salarios mínimos)

 El consumidor va a ser llamado a audiencia en 15 días

 Los conciliadores van a estar en la Secretaría de Comercio o en su domicilio registrado en el Registro Nacional de Conciliadores.

 No se necesita contratar un abogado.

 No atiende casos entre empresas o entre particulares. Es solo entre un particular y una firma.

 Tiempo máximo de resolución que promete el Gobierno: 90 días.

 Si la empresa no se presenta, es multada.

 Retroactivo a diez años.

Fuente: Diario BAE