España aprueba un proyecto para criminalizar la protesta social
El Congreso de Diputados español aprobó ayer la polémica Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno de Mariano Rajoy, gracias a la mayoría absoluta de los conservadores del oficialista Partido Popular (PP), únicos defensores de una norma que la oposición y activistas consideran un instrumento de represión similar a los usados por la dictadura franquista.
La oposición y las organizaciones sociales bautizaron la reforma del PP de Rajoy como la “ley mordaza”, al entender que el objetivo es intimidar a la ciudadanía y limitar el derecho de libertad de expresión.
La reforma comenzó a delinearse en 2013, en el momento de mayor convulsión social por las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo.
No obstante, el texto aprobado siguió generando resistencia, y ayer fue rechazado por la mayoría de las fuerzas políticas opositoras.
Tras superar el trámite en la Cámara baja, la reforma pasará al Senado, y de no sufrir modificaciones entrará en vigor.
En la víspera de la votación, diputados opositores y organizaciones sociales participaron de una protesta frente el Congreso que escenificó un “cortejo fúnebre” con corona de flores incluida, y que llevaba como lema “Contra la ley mordaza. Democracia, la ciudadanía no te olvida”.
Además, durante el debate en el pleno, los grupos opositores coincidieron en señalar que la ley del PP es “innecesaria”, supone “una vuelta al Estado policial”, “una aberración jurídica”, “va en contra de los derechos fundamentales” y “recorta libertades”.
“Si quieren frenar las protestas sociales que tanto les perturban y molestan, rectifiquen las políticas económicas y frenen las desigualdades, pero no conviertan al ciudadano activo y crítico en el enemigo”, afirmó el diputado socialista Antonio Trevín.
“Han recurrido a precedentes que creíamos superados como la ley franquista de orden público. Con él como inspiración, diseñaron un régimen sancionador vinculado con la protesta social”, remarcó.
El diputado socialista cuestionó uno de los puntos más controvertidos, la introducción del PP de una enmienda a la Ley de Extranjería para dar cobertura a las “devoluciones en caliente”, como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes “sin papeles” que saltan las vallas de los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla.
En la misma línea, el diputado de Izquierda Unida (IU), Ricardo Sixto, aseguró que la reforma de la derecha “busca resucitar el viejo Tribunal de Orden Público” franquista, poniendo en marcha “una jurisdicción administración penal cuyo magistrado será el Ministro del Interior”.
“Vivimos una jornada infausta para la democracia. No había necesidad de traer esta ley a la Cámara”, agregó el dirigente de IU.
La nueva norma modifica una ley de 1992 y se elabora en paralelo a la reforma que endurece el Código Penal español, del que desaparecen las faltas, que se transforman en conductas punibles e infracciones administrativas, que ahora desarrolla la Ley de Seguridad Ciudadana.
Uno de los temas polémicos es las cuantías de las sanciones, que para infracciones muy graves prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros, para las graves de 30.000 a 601 y para las leves de 600 a 100 euros.
Originalmente, la ley consideraba grave una concentración no comunicada, ante el Congreso o cualquier edificio público, mientras que ahora esto se considera “leve”. Pero si la manifestación no es comunicada y perturba gravemente el orden público, entonces sí se considera una infracción “grave”.
Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan consideración de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, son consideradas infracciones “muy graves”.
La desobediencia o resistencia a la autoridad y la negativa a identificarse también se consideran infracciones graves, igual que la negativa a disolver reuniones o manifestaciones o la perturbación del desarrollo de una manifestación lícita.
Según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org, el 82% de los españoles rechaza el proyecto, mientras que el 86% sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos.
Fuente: Diario BAE
