España crea comisión para los ahorristas estafados por la banca

Miles de pequeños ahorristas estafados por la banca y que denuncian ser víctimas de un “corralito” en España podrán recurrir a una comisión de arbitraje para recuperar su inversión, gracias a un acuerdo alcanzado ayer en el Parlamento español. El grupo parlamentario del gobernante Partido Popular (PP) y la principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE), acordaron crear el mecanismo de arbitraje al que, en principio, sólo podrán acceder los ahorristas de las entidades nacionalizadas, como es el caso Bankia.

CatalunyaBanc y Novagalicia, que también recibieron fondos públicos, ya recurrieron al arbitraje en manos de las autoridades regionales con resultados poco satisfactorios, por lo que los casos podrán ser revisados por la nueva comisión. El resto de afectados también podrían acceder eventualmente al proceso en caso de que denuncien que se produjeron irregularidades en la comercialización de los productos financieros, como se detectó en las entidades nacionalizadas, según fuentes parlamentarias.

Pero la medida, que fue presentada como una salida para los afectados, no garantiza una solución para todos, ya que se establecerán criterios para acceder al arbitraje.

La comisión elaborará un “perfil” de afectados, estableciendo condiciones para recurrir al arbitraje, sin garantías de que ocurra lo mismo que con los procesos llevados a cabo hasta ahora, en los que los bancos implicados, a través de su representante, terminaba por descartar a la mayoría de los casos.

El problema añadido es que muchos afectados, presionados por los bancos, accedieron a cambiar sus productos tóxicos preferentes por acciones del banco con pérdidas de hasta el 50%.

El rescate europeo a la banca española exige el cambio de las preferentes por acciones y que las personas estafadas asuman parte del costo de la reestructuración bancaria. El escándalo de las “preferentes” estalló con el recrudecimiento de la crisis financiera y económica, que dejó al descubierto una práctica fraudulenta llevada a cabo por prácticamente la totalidad de los bancos y cajas de ahorro españolas. Se estima que el fraude ronda los 37.000 millones de euros y que habría hasta un millón de afectados.

Fuente: Cronista.com