Estiman que la bancarrota griega podría costar un billón de euros

Una suspensión de pagos de Grecia podría costar una suma superior al billón de euros, según una estimación del Instituto Financiero Internacional (IIF) publicada hoy por el diario ateniense en inglés Athens News.

Los jefes de gobierno de la Unión Europea (UE) y sus ministros de Finanzas, así como directivos de bancos, conocieron ya el documento, afirma el diario.

"Una suspensión de pagos no ordenada de la deuda griega tendría algunas repercusiones muy significativas y dañinas", indica el documento. La medida dañaría sobre todo a la ya maltrecha economía griega y tendría considerables costes sociales, añade.

Según señala la agencia DPA, una cesación de pagos tendría también consecuencias para las obligaciones griegas, para el Banco Central Europeo o las ayudas adicionales a Portugal, Irlanda, España o Italia, así como afectaría los costos de recapitalización de los bancos.

Según el documento del IIF, es difícil precisar en detalle cada uno de estos costos, pero se estima que superarían ampliamente la marca del billón de euros.

El gobierno de Grecia se mostró hoy nuevamente convencido sobre el transcurso del proceso de quita de deuda de los acreedores privados como bancos, aseguradoras y fondos. Para reducir la carga de deudas de Atenas, este tipo de acreedores deberían renunciar voluntariamente a 107.000 millones de euros.

"Muchos accionistas ya se comunicaron", dijo a DPA un funcionario del ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, sin revelar una cifra exacta. Asimismo señaló que hay optimismo al respecto.

Los bancos e inversores privados que tienen cerca de 206.000 millones de euros en bonos griegos tienen tiempo hasta el jueves para decidir si formarán parte del canje de la deuda.

El gobierno pretende asegurar el 66 por ciento de la participación en el canje, que prevé recortar 107.000 millones de euros de la deuda que alcanza los 350.000 millones de euros. En las últimas semanas, los funcionarios de gobierno han estado presionando para un mayor índice de participación.

Atenas necesita que el 75 por ciento de los tenedores de bonos participen del acuerdo para evitar activar la Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que obligaría a los titulares a formar parte.