Justicia ordena devolver dinero de embargos contra ANSES

El organismo denuncia la existencia de “caranchos previsionales”, que utilizan a los jubilados para inflar las causas judiciales.

La jueza federal subrogante Alicia Braghini ordenó que se le devuelva a la ANSES un importe de $ 1.638.761,89 por 54 embargos trabados de forma irregular entre el 17 de mayo y el 5 de agosto de 2011, que aprobó el juzgado federal del magistrado Carlos Arturo Ochoa de Río Cuarto, Córdoba. Esta información se desprende de un informe de la Base General de Embargos que administra la Gerencia Contabilidad.

El organismo previsional a cargo de Diego Bossio denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al juzgado de Río Cuarto, conformado por estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes.

Según la ANSES, la operatoria consiste en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Desde el año 1996 hasta el 16 de mayo de 2011 se registraron 377 embargos trabados contra la ANSES en el juzgado de Río Cuarto por un monto total de $ 67 millones. Estas supuestas irregularidades derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa. Además, lo más grave es que en una de las causas que originaron la denuncia penal de la ANSES contra el secretario del Juzgado Nº3, Emanuel Catardo, se resolvió intimar al jubilado Guimar José Crocco para que dentro de los próximos diez días reintegre la suma de $ 607 mil que cobró de más por esta maniobra urdida entre su abogado y el juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos. El martes Bossio se reunió con los miembros de la Corte Suprema para analizar de qué modo se iba a afrontar las 300 mil demandas que distintos estudios jurídicos iniciaron contra la ANSES por un reajuste de los haberes previsionales. Según trascendió, Bossio les explicó a los miembros del máximo tribunal que el organismo no está en condiciones de aceptar como una acción de clase (todas las demandas de una vez) porque implicaría un costo anual extraordinario de $ 14 mil millones y $ 28 mil millones en concepto de retroactivos y que, además, “no correspondería” hacerlo porque esta definición “no entra dentro de las facultades de la justicia sino del Congreso”.

Fuente: Tiempo Argentino