La UIF será querellante en una causa por apropiación de bienes

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa por apropiación de bienes a secuestrados por la última dictadura, lo que constituye el primer antecedente para que el organismo pueda impulsar por lavado de dinero otras investigaciones como la de la apropiación de la empresa Papel Prensa y el despojo a los hermanos Iaccarino, entre otras 600 causas. El juez federal Sergio Torres sentó el precedente el pasado lunes al aceptar dentro del expediente a la unidad antilavado que dirige José Sbatella, en una causa donde se investiga la apropiación de bienes de los secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la ex Escuela de Mecánica de la Armada.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 admitió a la UIF como querellante en la causa Nº 1376/04 denominada "N. N. y Acosta Jorge Eduardo s/ apropiación de bienes" donde se investiga la apropiación de los bienes de las personas confinadas en ese centro ilegal de detención por parte de la dictadura cívico-militar. Mediante la investigaciones judiciales en las que la UIF prestó colaboración se estableció que los integrantes de Grupo de Tareas 3.3.2 –principalmente los represores Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo– implementaron un plan sistemático para apropiarse los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados.

"Para nosotros es muy importante la medida porque esos bienes apropiados se administraban de manera común, y luego eran transformados en otros bienes, para llevar el dinero afuera. Se armaron empresas pantalla y de acuerdo a las comprobaciones que hicimos esos fondos se trasladaron de regreso al país y están en pleno funcionamiento", aseguró Sbatella consultado por Tiempo Argentino. A partir de los informes aportados por la UIF, se pudo corroborar que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados en la causa o fueron liquidados por ellos.

"Estamos pidiendo al juez que ya que esos bienes tienen origen ilícito fruto de delitos no prescriptos, a las personas que los administran les cabe el delito de lavado de tres a diez años de cárcel", agregó el titular de la UIF. De probarse esa relación y con el impulso del organismo, Torres tendrá ahora que decidir sobre el decomiso de ese patrimonio. La conclusión es que en la actualidad se estaría dando apariencia legítima a la posesión de bienes fruto de la comisión de delitos de lesa humanidad. A través de los testimonios que obran en la causa se determinó que en el sótano de la ESMA funcionó una imprenta donde se confeccionaba todo tipo de documentación apócrifa necesaria para efectuar las transferencias de dominio de los bienes que luego resultarían apropiados. "A partir de ahora comienza la aplicación de la ley de lavado", estimó Sbatella, que subrayó el antecedente a favor de este criterio que podría operar tanto para la supuesta apropiación de Papel Prensa a manos de los diarios privados como del despojo de las empresas a los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino.

La hermana y la pareja de Radice habrían actuado como "testaferros y cómplices" en el lavado a partir de un entramado de nueve sociedades radicadas en la Argentina, integradas por los imputados y sus familiares directos, que recibían aportes o préstamos de empresas radicadas en el extranjero, algunas representadas por ellos mismos. Por eso Torres resolvió el levantamiento del secreto fiscal para que la UIF indague en sus patrimonios. Acosta y Radice se encuentran además procesados con prisión preventiva por los delitos de "robo, extorsión y falsificación ideológica de documento público en concurso con el de asociación ilícita". Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano deberá primero convalidar el embargo preventivo, el congelamiento y la inhibición general de los bienes de los imputados. El objetivo de la UIF también es avanzar en la recuperación de los activos. “Es un contrasentido que por un lado el Estado indemnice a las víctimas del despojo mientras que los bienes apropiados están en poder de los apropiadores", sintetizó Sbatella.

Fuente: Tiempo Argentino