La complicada situación fiscal de provincias y municipios suma más impuestos al campo
La fenomenal expansión del gasto público llevó a las provincias y municipios a una situación financiera muy complicada.
Hoy gastan más de lo que recaudan, no le cierran los números y por tanto están impulsando más impuestos provinciales y ajustes de las tasas municipales, a la vez que ya se habla en el ambiente de las cuasi monedas.
El federalismo está acorralado por dos frentes: por el lado de los recursos la inflación deteriora los ingresos fiscales de las provincias por la pérdida de competitividad y por el lado del gasto, la fuerte correlación existente entre el ajuste del gasto publico provincial y municipal con las pautas salariales que acuerda la nación, terminaron de deteriorar la poca autonomía económica y financiera con la que cuentan. Lo lamentable es que las provincias insistan con más impuestos.
En vez de recuperar la coparticipación perdida y enfrentar el verdadero problema, siguen aumentando la carga fiscal con más presión y nuevos impuestos que terminarán afectando el nivel de actividad económica del interior y del campo también.
En la provincia de Buenos Aires, si bien estaría momentáneamente frenada la contribución del 18% para la seguridad, aplicada sobre el inmobiliario rural, se diseminó un fuerte aumento de las tasas vial municipal en torno a un promedio que ronda entre el 25% y el 30% según el partido.
Al mismo tiempo que no sólo impulsan que la tasa empiece a ser proporcional, sino que utilizan argumentos que desvirtúan el concepto mismo de tasa para encubrir verdaderos aumentos de impuestos, ya que el servicio que dan como contraprestación nada tiene que ver con el valor de la tasa que establecen.
En la provincia de Entre Ríos se decidió poner un adicional sobre el inmobiliario rural del 20% del impuesto determinado para los rangos de valuación entre 1 y 8 y del 30% adicional para el rango de valuación mas altos (9 y 10).
Modificaron, también, el cuadro de alícuotas, agregando dos rangos más y aumentando la alícuota máxima del 23 por mil al 31 por mil.
El impacto del ajuste combinado entre alícuotas y adicional, considerando que las valuaciones no se mueven, da una variación respecto de 2013 de 30% promedio.
A esto se le suma la introducción de otros impuestos adicionales a los inmuebles urbanos y a los autos, un nuevo impuesto a la inscripción en registro de un auto 0Km del 2%, el aumento de la alícuota de ingresos brutos al comercio del 3.5% al 4.5% de la tasa general, introduce el impuesto a los juegos de azar y pretende gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades agropecuarias (1%) que hasta el momento estaban exceptuadas.
En Santa Fe también se aprobó un aumento del inmobiliario rural.
Con autorización del Ejecutivo, el Congreso Provincial aprobó un aumento del 25% del impuesto determinado en 2013 y que también modifica los rangos del Impuesto Adicional a los Grandes Propietarios, creando así un corrimiento del impuesto hacia superficies mayores.
Intentaron también sancionar un impuesto ambiental que afectaría inicialmente a las cerealeras, pero que no fue aprobado por los legisladores provinciales.
En Córdoba también se incrementó el impuesto inmobiliario rural en un 28% en promedio. Este aumento está compuesto de una suba del 19% del impuesto inmobiliario rural puro y el incremento de un 47% del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, con el que se pretende captar un extra de 192 millones de pesos.
Aumentaron, además, la tasa vial aplicada en esa provincia, sobre la venta de combustibles y otras tasas municipales.
Este incremento es inoportuno porque se sigue cargando con impuestos a uno de los sectores de la economía que más impuestos ya paga.
El sector agropecuario aporta un 58% más de impuestos por unidad producida que el resto de la economía, al mismo tiempo que hoy un campo agrícola tiene una presión tributaria sobre el resultado no menor al 75%.
Estos nuevos aumentos de los impuestos provinciales y municipales son un hecho real y concreto que suben el costo argentino, contribuyen al deterioro de la competitividad de los sectores productivos y que impactarán sobre el empleo, postergarán el desarrollo de nuevas inversiones y por tanto afectarán el nivel general de actividad económica del interior.
Fuente: NA