Las prepagas analizan recurrir a la Justicia para rever la ley que las regula
Las empresas de medicina prepaga no dejaron pasar demasiado tiempo para buscar un contraataque a la aprobación de la ley que regula su actividad. Luego de que el miércoles por la tarde la Cámara de Diputados diera finalmente luz verde al proyecto que desde el año pasado circulaba por el Congreso, las firmas del sector salieron a encontrar una respuesta. Y una de las variantes que más suena es la de recurrir a la Justicia para intentar revertir, al menos, parte del fallo.
Ayer, durante más de dos horas, los abogados de las prepagas –junto a los directivos– evaluaron varias opciones para llevar a cabo, aunque una de ellas apunta directamente a un camino. Ya se analiza la variante de presentar en Tribunales una medida cautelar, de modo de mejorar su posición.
Lo que todavía resta por resolver es si este recurso judicial correrá por cuenta de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara, la entidad que agrupa a varias de las prepagas de mayor tamaño del país), o si cada compañía presentara el recurso por cuenta propia.
Esta es una variante que cuenta con varios adeptos, aunque se estima que en el sector aguardarán a que la ley sea reglamentada, de modo de tener fundamentos más claro a la hora de exponer ante la Justicia.
“Las empresas están abocadas ahora a generar acciones de protección hacia los 4,5 millones de usuarios con los que operamos”, se limitó a afirmar Federico Díaz Matte, presidente de Cimara.
Aunque las prepagas consideran que la ley es anticonstitucional como medida en si, lo cierto es que el enojo de los directivos apunta básicamente en dos direcciones bien claras.
Una de ellas es el artículo 10 de la norma aprobada ayer. Allí se especifica que las empresas deberán abrir sus puertas a aquellas personas que pretendan asociarse a la prestación, incluso si cuenta con enfermedades preexistentes. Hasta hoy, las firmas del sector se reservaban el derecho de admisión, evitando a potenciales interesados que contaran con alguna enfermedad, básicamente por una cuestión de que su incorporación implicaría un excesivo costo para el sistema.
Los otros dos artículos sobre los que se puso la mira son los 11 y 12. En ambos, la ley se explaya sobre la obligación que tendrán ahora las compañías de incorporar a su cartera a aquellos clientes mayores a los 65 años, hoy edad límite autoimpuesta por el sector.
Ahora, ya con la determinación de aprobar la ley por parte del Congreso como un hecho, las empresas de medicina prepaga aguardarán a que la ley se reglamente para analizar más en concreto los pasos a seguir.
Luego de ésto, lo más posible es que si toman la decisión de recurrir a la Justicia no lo hagan contra la ley en general, sino justamente apuntando en forma específica a revertir o amortiguar los efectos de los artículos 10,11 y 12.
En cambio, al menos por el momento, no se hace mayor hincapié en el mayor control que se le otorgará ahora al Estado, por ejemplo en lo que hace al valor de las cuotas.
Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, dijo estar “con mucha tristeza” por la sanción de la ley, y agregó que “la ley está sancionada y hay que aceptar las reglas de juego. El punto es que ahora hay que empezar a preguntarse cómo sigue esta historia ya que en la reglamentación tiene que haber aclaraciones sobre varios temas.
(El Cronista)
