Legislatura porteña aprobó ley para regular honorarios de abogados
El bloque macrista en la Legislatura porteña sancionó una ley para regular los honorarios de los abogados y procuradores que ejercen en la Ciudad de Buenos Aires, la cual que fue cuestionada por el interbloque kirchnerista al considerar que favorece a "los grandes estudios" jurídicos.
La norma, impulsada por los diputados del PRO Daniel Lipovetzky y Héctor Huici, fue aprobada durante una sesión especial de la Legislatura, que fue convocada luego de que la ordinaria cayera por falta de quórum cerca del mediodía.
En rigor, la falta de diputados en el recinto para la sesión ordinaria fue atribuida a las diferencias dentro de la propia bancada del PRO frente a la propuesta que contiene 63 artículos y reemplaza la legislación nacional aplicada en el distrito ante la orfandad normativa local.
No obstante, tras la confirmación de que no habría sesión ordinaria, los legisladores permanecieron en el recinto ante la versión que iban a convocar a una sesión especial inmediatamente, en lo que constituyó un caso insólito dentro de la Legislatura porteña ya que este tipo de llamamiento se debe dar con 48 horas de anticipación.
Así, la norma fue sancionada por 32 votos positivos, 14 negativos del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Progresista y Popular y Seamos Libres; y ocho abstenciones de las bancadas de Bien Común, Suma+ y el Frente de Izquierda.
La ley establece que "la unidad de honorarios profesional que representará el 1.5 por ciento de la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años".
Además, para abogados, fija pautas generales como que "por las actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario será fijado entre el 11 por ciento y el 25 por ciento su monto; en tanto que las regulaciones no superarán, en total, el 50 por ciento que resulte de la aplicación de la respectiva escala arancelaria".
Por otra parte, sostiene que "ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones estudio jurídico, consultorio jurídico, asesoría jurídica u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección".
En tanto, la oposición porteña argumentó su voto negativo en que en que "por encima de los defectos técnicos, el proyecto contiene prescripciones jurídicas que ameritan una más serena discusión política".
"Cuando se trata de un texto normativo que contiene más de un centenar de preceptos jurídicos la premura en su tratamiento es mala consejera para lograr un texto de calidad, siendo necesario un debate sereno con los tiempos necesarios para la consecución de un producto final apropiado y correcto", afirmaron.
La diputada Claudia Neira, del Frente para la Victoria, aseguró que "es una barbaridad la ley que se votó, porque es una clara protección a grandes estudios para que exploten a abogados".
Por su parte, Aníbal Ibarra afirmó que la aprobación de la norma "quedó atrapada en el medio de una contienda electoral", en alusión a los comicios que se hará en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad en los próximos días.
Fuente: Ambito.com
