Marcha atras con el aumento del gas

Por segunda vez en un mes y medio, y en plena campaña electoral, el Gobierno decidió excluir a más hogares de uno de los fuertes aumentos tarifarios aplicados a fines del año pasado al servicio de gas natural. Un millón de usuarios residenciales de todo el país dejarán de pagar, temporalmente, el polémico cargo tarifario creado en noviembre para solventar las importaciones de gas.

Ese adicional, que la Defensoría del Pueblo de la Nación calificó de "arbitrario e ilegal", es una de las razones principales de las alzas que registraron las últimas facturas de gas, que en los hogares de mayor consumo llegaron a cuadruplicarse. Una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que se publicará hoy en el Boletín Oficial, modificará el piso a partir del que un hogar debe pagar ese cargo. En el área metropolitana, esa marca se elevará hasta los 1500 metros cúbicos anuales (ver infografía).

El anuncio fue realizado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ayer, en una conferencia en la Casa Rosada, luego de una reunión con la presidenta Cristina Kirchner. Estuvo acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otros colaboradores.

Ni el freno en la demanda de gas, o los pronósticos que hablan de temperaturas benévolas para los próximos meses (a diferencia del crudo invierno de 2007), dos factores que podrían aliviar la escasez local de gas y, por ende, sus importaciones, influyeron en la decisión. O sí lo hicieron, De Vido no lo mencionó. La razón que esgrimió el ministro fue la caída de los precios internacionales del gas y del petróleo. Al implementarse la medida, en noviembre, señaló el funcionario, el barril de petróleo estaba a 90 dólares. Ahora está en 60. Y el costo del gas licuado de petróleo, que se inyecta a la red de gas desde un buque anclado en el puerto bonaerense de Ingeniero White, bajó un 35%, según De Vido.

Esta baja en los precios, al aliviar los pagos que el Gobierno debe realizar para paliar el déficit energético local, disparó la decisión. Con el esquema vigente hasta ayer, el Estado hubiera recaudado $ 200 millones anuales más por medio del cargo tarifario.

La de ayer es la segunda modificación que sufre ese concepto en 45 días. La primera se concretó a fines de abril: se excluyó a 330.000 clientes del interior de la provincia de Buenos Aires y de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. Ahora el Gobierno decidió llegar a todo el país.

Con el nuevo esquema, el cargo alcanza a 1,2 millones de hogares, mientras que otros 5,4 millones quedan excluidos. Así, el 82% de los hogares que reciben gas natural por red, que representan el 59% del consumo residencial de la Argentina, no pagarán el cargo durante la mayor parte del invierno, según los datos difundidos por Planificación. La modificación, retroactiva al 1° de mayo, regirá hasta el 31 de agosto. "Es la temporada más cruda del invierno", explicó De Vido.

Al ser consultado acerca de cuándo se terminarán de aplicar las subas previstas para el gas (resta implementar un aumento destinado a mejorar los ingresos de algunas distribuidoras), De Vido dijo: "No tenemos fecha. Estamos analizando la situación en forma permanente, haciendo la evaluación para ver si es necesario", indicó.

El ministro sí se explayó sobre la polémica que generó la prohibición a Edesur para repartir dividendos entre sus accionistas, y la forma en la que la prensa encaró el tema (ver sección Política). Descongelamiento

Agobiado por el peso de los subsidios, el Gobierno descongeló a fines de 2008 las tarifas de luz y gas. Los aumentos aplicados fueron progresivos: el incremento fue más alto para los consumos más altos. Los consumos más bajos, en ambos casos, no fueron alcanzados. Para los hogares de mayor consumo, las facturas de gas llegaron a cuadruplicarse, y las de luz, a quintuplicarse.

El descongelamiento provocó fuertes protestas de los consumidores y presentaciones a la Justicia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por entonces a cargo del ahora candidato a diputado nacional Eduardo Mondino. Para la Defensoría se trata de un impuesto y no de un cargo.

Es, por lo tanto, inconstitucional, ya que al ser un impuesto debería haber sido implementado por el Congreso, y no por el Poder Ejecutivo. La Justicia autorizó la aplicación del cargo, pero todavía no se explayó sobre su constitucionalidad. Idas y venidas

* Descongelamiento. A fines del año pasado, en septiembre y en noviembre, el Gobierno anunció aumentos en las tarifas de luz y gas para los hogares residenciales. En el caso del gas, se creó un cargo tarifario para solventar las importaciones.

* Progresividad. Las subas tarifarias fueron mayores para los hogares de consumos más altos. El cargo tarifario se aplicó en el área metropolitana sólo para los clientes que consumían más de 1000 metros cúbicos anuales.

* Protestas. Los fuertes aumentos tarifarios generaron un gran malestar en los usuarios. La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó una demanda en la Justicia para frenar los incrementos. Pidió también que el cargo sea declarado inconstitucional.

* Modificaciones. Los cambios de ayer se suman a los implementados en abril último, cuando se excluyó a 330.000 hogares. Esa reforma no había alcanzado al área metropolitana.

* Subas vigentes. La exclusión del cargo tarifario no implica que las facturas de gas no registren aumentos. El Gobierno aplicó tres subas en la factura: una destinada a subsidiar el precio de la garrafa social, otra para financiar un aumento del precio de gas en boca de pozo (el que cobran las petroleras) para alentar inversiones y el cargo tarifario, que afectará ahora a menos clientes.

* Aumentos pendientes. Las alzas anunciadas no han terminado de aplicarse aún. El Gobierno debe autorizar un incremento en las tarifas para mejorar el margen de algunas empresas distribuidoras que aún no han recibido ninguna suba, como Metrogas, que abastece el área metropolitana.(LA NACIÓN)