POLÍTICA ECONÓMICA

Ministerio de Justicia define el 15 de febrero si Sbatella continua al frente de la UIF

El próximo viernes, 15 de febrero, en audiencia pública, el Ministerio de Justicia de la Nación deberá comenzar a resolver si José Sbatella continua al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

A partir de las 8 de mañana de ese día, en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicada en 25 de Mayo 544, se comenzarán a escuchar a los oradores con sus respectivas objeciones, las que finalmente serán rebatidas por el titular del organismo.

Durante los siete días posteriores, el Ejecutivo deberá finalmente decidir si este continúa en su cargo o no.

“Esta metodología nos servirá para trasparentar la gestión ya que estamos en condiciones de mostrar la efectividad que tuvimos”, dijo Sbatella al ser consultado por BAE Negocios.

“Toda nuestra acción ha llevado a que el sector financiero y de quienes registran la actividad, hoy no puedan moverse tan libremente como lo hacían” y tengan “que dar cuenta de sus actividades”, dijo el titular del organismo al referirse al origen de los embates que desde hace tiempo viene sufriendo.

“Todas estás cuestiones sobre las que hemos trabajado afectaron a los sectores que venían haciendo operaciones impunes y trayendo dinero con préstamos de fondos propios sacados mediante evasión impositiva o bien a través de estafas o como en el caso de Papel Prensa o las apropiaciones de bienes a detenidos desaparecidos, con los que se operaba de la misma manera que se lo hace con los fondos que se suponen legales”, dijo Sbatella.

“Existe toda una entente de complicidad civil con la dictadura que ha sobrevivido a la fecha y que recién ahora se está investigando con profundidad”, agregó.

Para el funcionario de la entidad antilavado, fue gracias a las sanciones que recayeran sobre los represores a raíz de los delitos de apropiación en el marco de crímenes de lesa humanidad, de carácter imprescriptibles, que esos sectores “los Mitre y los Saguier terminaran cayendo en la cuenta de que esos bienes podían ser decomisados” lo que “los ha enloquecido” y mucho más tras la aparición de las actas secretas descubiertas por el Ministerio de Defensa.

“Ahí apareció la posibilidad concreta de que sean imputados por ser autolavadores de dinero en el caso de Papel Prensa o de lavado de dinero en el caso de las familias o allegados al Tigre Acosta, Egea y toda la banda de Cavallo” que operó en la ESMA.

Como ejemplo, Sbatella sostiene que “la actualización del valor de Papel Prensa” en poder de los diarios Clarín y La Nación, y por cuya adquisición sostienen haber pagado 9 millones de dólares –que jamás habría recibido la familia Papaleo–, sobre un valor real por entonces de 250 millones de la misma moneda, “a la tasa de interés de Estados Unidos hoy sería de 2000 millones de dólares”, por lo que en caso de de demostrarse judicialmente el origen espurio de la compra, eso estaría poniendo “en riesgo el patrimonio” de los involucrados.

Estadísticas favorables

Para Sbatella, la audiencia pública lo puede terminar beneficiando porque les va a permitir mostrar “la efectividad que hemos tenido para no ser sancionados a nivel internacional” o para dar cuenta de los datos estadísticos que reflejan a la fecha los 130 procesados, los 9 condenados y los 39 detenidos” por motivos de lavado de activos u otros, teniendo en cuenta “que cuando llegamos no había ninguno en esas condiciones”, En relación a los temas judiciales pendientes, Sbatella sostiene que “salvo que inventen cosas muy nuevas, todo lo demás lo podremos rebatir en los tribunales”.

Los nombres de la campaña

En las últimas semanas Sbatella recibió impugnaciones en contra de su nominación al frente de la UIF entre otros, por parte del partido radical, el GEN, Unen y el Frente Renovador, fuerzas que hicieron presentaciones ante el Ministerio de Justicia.

Otra de las que se sumó a la movida fue la legisladora porteña Graciela Ocaña quien mediante un comunicado sostuvo que el funcionario “manejó el organismo encargado de investigar el lavado de dinero de manera sospechosa y solo ha adoptado medidas cosméticas, para aparentar un interés”.

También los diarios Clarín y La Nación cargaron contra el funcionario al dar cuenta sobre un supuesto allanamiento realizado en las oficinas de la UIF por parte del juez Claudio Bonadió, que nunca ocurrió.

Para Sbatella, esta arremetida tiene nombres; Juan Félix Marteau, el abogado vinculado a Clarín, y Bartolomé Mitre, director del diario La Nación “quien en los últimos tiempos me dedicó 13 editoriales, dos por semana, en los que pedía exclusivamente mi renuncia de una manera brutal”. Pese a ello, el funcionario se muestra confiado en su continuidad por considerar que tiene en su poder “información que contradice las acusaciones que se nos formulan”.

Fuente: BAE