Por los controles oficiales esperan poco movimiento del dólar paralelo

El blanqueo de capitales podría afectar a todos los procesos de investigación por los delitos contra la ley penal cambiaria por la que, además de particulares, están imputadas muchas de las empresas más grandes del país. Desde el Gobierno estudian cómo evitar que se plantee un escenario que afecte a las causas preexistentes, debido a que en la reglamentación que se publicó la semana pasada no está explicitado.

La ley de exteriorización voluntaria de capitales, que logró aprobar el oficialismo en ambas Cámaras del Congreso hace algunas semanas y que fue reglamentada en el Boletín Oficial el viernes, prevé que los funcionarios quedan eximidos de realizar denuncias penales por Ley Penal Tributaria y Cambiaria a los contribuyentes que se sumen al blanqueo.

Según pudo saber BAE Negocios, desde el Banco Central ven que la legislación podría resultar en un conflicto jurídico. Es que sectores del Ejecutivo plantearon, en base a que la forma de aplicación de la amnistía no está especificada en la reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se podría beneficiar jurídicamente a quienes ya obtienen como beneficio el blanqueo, o entorpecer el accionar de la Justicia en el caso de aquellos que están siendo observados.

El régimen penal cambiario prevé sanciones a quienes hayan obtenido moneda extranjera de manera ilegal, en el caso de las personas jurídicas y, en el caso de las empresas, es principalmente por liquidaciones tardías o por no ingresar al país las divisas provenientes de exportaciones de bienes o servicios.

Por esta última infracción, que es la más común y en muchas ocasiones se atribuye a un error contable, a varias empresas de las más grandes del país se les iniciaron causas en los últimos años. Es el caso de Techint, holding al que se le empezó un juicio por sólo u$s20.000, y de Iveco, la marca de camiones a la que se la imputó por 15.000 dólares.

Desde que se impuso el límite a las compra de moneda extranjera en octubre de 2011, son varias las personas jurídicas y físicas a las que se les iniciaron procesos por este delito. Sin embargo, a partir de la ley de exteriorización voluntaria de capitales todos estos sumarios podrían caerse. “Para el BCRA es muy difícil distinguir si lo que están blanqueando es lo que nosotros estábamos investigando, o si esos dólares tienen otro origen”, admitieron a BAE Negocios desde el Ejecutivo.

La resolución general 3.509 prevé una “liberación de sanciones penales por evasión tributaria y penal cambiaria” que incluye a los administradores de las sociedades y profesionales intervinientes.

Además, resultará en la eximición de tributos nacionales, incluyendo intereses y multas sobre anticipos no ingresados. Los gravámenes que dejarán de pagar los “blanqueadores” serán el Impuesto a las Ganancias, ganancia mínima presunta, IVA, Bienes Personales, impuestos internos, débitos y créditos y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

El blanqueo correrá desde el primer día de julio hasta fines de septiembre y los contribuyentes que quieran acceder a él podrán hacerlo mediante la compra del Certificado de Inversión Inmobiliaria (CEDIN), o a través del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE).

Esta semana se terminará de instrumentar el CEDIN

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Roberto Arévalo, estimó a fines de la semana pasada que por estos días se pondrá en marcha el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), el instrumento promovido por el Gobierno para reactivar el mercado inmobiliario, al que se podrá acceder a través de la exteriorización voluntaria de capitales.

El dirigente empresario participó la semana pasada de las reuniones convocadas por el Gobierno en el Banco Central, en donde estuvieron la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, y el gerente general, Matías Kulfas, y en el Ministerio de Economía, donde además estuvieron el ministro, Hernán Lorenzino, el viceministro, Axel Kicillof, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Según Arévalo, lo que se buscó en esos encuentros fueron acuerdos para que la reglamentación convierta a ese instrumento en una “operatoria sencilla, con previsibilidad, con marco jurídico para desterrar la falta de confianza que había en el mercado”.

El empresario dijo en declaraciones radiales que el CEDIN puede hacer que repunte lala actividad del mercado inmobiliario que, según opinó, “está estancada”.

También el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires manifestó su acuerdo con que el Gobierno haya convocado a la conformación de un consejo consultivo entre autoridades del Ministerio de Economía y el sector de la compraventa inmobiliaria para ir estudiando la evolución del uso del CEDIN en las transacciones inmobiliarias.

Fuente: BAE