Privados buscan apoyo gubernamental para lanzar "complementos" para la jubilación pública
Administradores de fondos comunes de inversión buscan un régimen propio. El año pasado, las empresas de seguros también habían hecho público un proyecto similar.
A casi tres años de la desaparición de las AFJP, el sector privado terminó de asimilar el golpe y se prepara para volver al negocio del ahorro previsional. Primero fueron las compañías de seguros, pero ahora también los bancos y las administradoras de fondos comunes de inversión buscan apoyo gubernamental para lanzar “complementos” para la jubilación pública. La alicaída industria de los fondos comunes de inversión (FCI) es la nueva interesada en llenar el vacío dejado por las administradoras de fondos de pensión y en responder a quienes hoy ven con inquietud su futuro financiero. Bancos y administradoras de FCI trabajan por estos días en la conformación de instrumentos basados en el modelo chileno de ahorro previsional voluntario (APV), un sistema que apunta a complementar los aportes obligatorios, similar al que también regía en el mercado local en la era de las AFJP. Sin embargo, chocan con la falta de incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo.
Los bancos buscan tentar al Gobierno diciendo que ese dinero puede ser invertido a largo plazo en infraestructura, emprendimientos productivos y financiamiento al sector público, pero aún no obtuvieron resultados. Pero los administradores de FCI no son los únicos que lo intentaron.
El año pasado las empresas de seguros picaron en punta y propusieron la creación de un Seguro Jubilatorio Voluntario. La Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA) asegura haber mantenido contactos con los poderes ejecutivo y legislativo con el mismo objetivo que el de los administradores de FCI: conseguir incentivos fiscales que hagan atractiva a la herramienta para los beneficiarios.
Para ello citan casos como el de Brasil, donde se otorgan deducciones del 12% de sus ingresos para quienes ahorren en seguros de retiro, y el de Chile, donde quienes optan por el APV pueden deducir u$s 24.000 de impuestos al año.
En concreto, la cámara propone que los aportantes puedan deducir hasta el 5% del monto imponible sobre el cual pagan el impuesto a las Ganancias. Pero hasta ahora no se han registrado mayores avances. “Mi sensación es que la idea es bien recibida tanto en el Congreso como en el Gobierno, porque permite transformar el ahorro en financiamiento a largo plazo”, aseguró Gabriel Chaufman, presidente de AVIRA. Sin embargo, reconocen que no son optimistas con los plazos.“El momento político no es éste, pero después de las elecciones el tema puede prosperar”, comentó un funcionario de una administradora de fondos comunes de inversión a este diario. “Es difícil que el Gobierno que estatizó las jubilaciones se embarque en esto tan rápido, pero imaginamos que van a estar interesados en el caudal de ahorro a largo plazo y en moneda local que se puede generar a partir de esta iniciativa”, agregó.
Demanda premium
La jubilación pública avanzó hacia la universalización de las jubilaciones, pero el haber tiene un techo que la hace insuficiente a ojos de quienes perciben sueldos altos.
Por eso, algunas empresas desarrollaron alternativas para sus empleados, pero sin un mercado masivo, los autónomos y los trabajadores de empresas pequeñas y medianas no tienen esa opción.
Actualmente, la jubilación máxima es de $ 8.994,95, lo que representa el 64,81% del máximo salario sujeto a aportes, equivalente a $13.879, según cálculos de Mercer.
Ello implica que los que perciben salarios superiores a los $ 14.000, verán resentido su nivel de vida luego de jubilarse. A ese público apuntan las nuevas herramientas, pero como hasta el momento no lograron transformarse en opciones concretas, se han desarrollado soluciones alternativas.
Según una encuesta realizada por Mercer entre 420 compañías, el 35% de las empresas ya cuenta con sus propios programas de retiro complementarios de la jubilación pública que se ofrecen como beneficio a los empleados.
Y esa proporción sube al 45% entre las 200 compañías que más facturan. “La cobertura social obligatoria no cubre las expectativas de protección de los trabajadores de manera proporcional a su ingreso real”, explican en el mercado. Por eso cada vez más el empleador ocupa espacios que han quedado libres en materia de protección, agregan los especialistas.
(El Cronista Comercial)
