Respaldan investigación sobre delitos económicos durante la dictadura militar

Empresarios víctimas de desapoderamiento de bienes durante la pasada dictadura militar enviarán esta semana una carta documento a los diarios Clarín y La Nación reclamando derecho a réplica y una retractación a raíz de una información difundida por esos matutinos que supuestamente daba cuenta de un allanamiento llevado a cabo por el juez federal Claudio Bonadio en la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que finalmente no ocurrió.

“¿Qué tenemos que ver nosotros con estas acusaciones de Clarín y La Nación si no somos directamente imputados?”, se preguntó Alejandro Iaccarino al ser consultado por BAE Negocios, y se respondió: “Somos víctimas de la dictadura y al serlo manifiestamente por la cantidad de años, juicios, pruebas y todo lo demás, esta agresión mendaz contra la UIF nos trae aparejado un daño por estar siendo defendidos por este organismo, al que buscan deteriorar y debilitar” en defensa de “intereses manifiestos”.

Alejandro y Carlos Iaccarino, que fueron despojados de sus empresas durante la dictadura, sostienen que mediante la difusión de falsa información los matutinos estarían buscando debilitar la credibilidad de la UIF y desplazar de su cargo a José Sbatella, quien desde su asunción no sólo viene investigando la fraudulenta adquisición de Papel Prensa durante la dictadura, sino también por el delito de lavado de dinero presuntamente llevada a cabo por integrantes de los directorios de ambos grupos.

“Hay un organismo que sale a defendernos y a hacerlo bien, porque plantea ser querellante, plantea además embargos a quienes tienen delitos continuados” y ahora “tanto Clarín como La Nación salen con esto porque detrás está el tema de Papel Prensa, pero no es sólo por eso, sino también porque la UIF está investigando a las empresas offshore” manejadas por “los integrantes de los distintos directorios de estos medios, ahí es donde está el problema, y como Sbatella va a tener posiblemente su continuidad al frente del organismo, entonces han desatado esta campaña”.

El lunes 13 de enero y con el título “Caso Lázaro Báez: el juez federal Claudio Bonadio allanó la UIF”, La Nación sostuvo que el magistrado estaría buscando “documentación sobre operaciones sospechosas” del empresario patagónico y agregaba que el organismo se encontraría “bajo la mira”.

Por su parte, con gran despliegue, y como título “Allanan la oficina antilavado: la acusan de encubrir a Báez”, Clarín señalaba que el juez buscaba “documentación que podría ayudarlo a determinar si el titular” de la UIF “incumplió los objetivos básicos de su función para encubrir movimientos bancarios irregulares de Lázaro Báez”.

El mismo lunes, y mediante un comunicado de prensa, la UIF salió a desmentir “enfáticamente” la información y aclaró que el viernes anterior “se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez: se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Norberto Casanello el pasado año” y aclaró que la denuncia de ambos matutinos “resulta ser idéntica a la efectuada por el senador José Manuel Cano el 3 de mayo de 2013”, por lo que Sbatella “presentó un escrito solicitando la acumulación de la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo de Claudio Bonadio”.

Alejandro Iaccarino afirma que el “operativo de prensa es de una enorme envergadura”, y que les llama “la atención que el propio Bonadio, consciente de que no allanó y pudiendo apreciar esta maniobra tan burda, no haya mínimamente salido a decir ‘señores, yo no he allanado’, porque quien calla otorga”.

El antecedente para reclamar derecho a réplica

Las víctimas de desapoderamiento de bienes fundamentaron su pedido de derecho a réplica y la retractación –que de no ocurrir podría derivar en un juicio–, en una demanda presentada en su momento por Miguel Ekmekdjian contra Gerardo Sofovich por haberse sentido lesionado en sus sentimientos religiosos a raíz de frases vertidas durante un programa televisivo por el escritor Dalmiro Sáenz.

Cobijado en los artículos 33 de la Constitución Nacional y 14 del Pacto de San José de Costa Rica, Ekmekdjian exigió el derecho a réplica a lo que finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó haciendo lugar por entender que el “actor estaba legitimado para actuar por verse afectado profundamente en sus sentimientos religiosos” debido a que Sáenz “interfirió en el ámbito privado” de Ekmekdjian “conmoviendo sus convicciones más profundas, lo que implica un verdadero agravio a un derecho subjetivo”. Por ese motivo, el máximo tribunal de Justicia del país decidió implementar “el derecho a réplica sin una ley que lo autorice”, a los fines de, entre otras cosas, evitar “abusos de la libertad de expresión”.

Fuente: BAE