Se fortalecen las investigaciones sobre delitos económicos antes de la GAFI

Se acerca la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional y la Argentina busca mostrar resultados en la lucha contra el lavado de dinero. El Ministerio Público Fiscal intenta revertir la baja cantidad de condenas de la Justicia y avanza con nuevas causas.

A mitad de año se celebrará una nueva reunión del GAFI, en donde Argentina buscará pasar correctamente bajo la lupa del organismo y salir de la lista gris, mostrando comprobables avances en la persecución del delito de lavado de activos.

Lo cierto es que en la actualidad, los delitos económicos presentan ciertos elementos que en el caso del lavado de dinero se dan con habitualidad: la ausencia de un afectado directo, la presencia transnacional del crimen y el uso de herramientas jurídicas, principalmente societarias, destinadas a crear una apariencia de legalidad.

A esto se suman los extensos tiempos del sistema de justicia que en los casos de procesos por corrupción demoran en resolverse un promedio de catorce años, lo que conduce a que se incremente el número de prescripciones. Las cifras de dinero que se mueven son millonarias y el daño a la sociedad es exponencial. La demora en la resolución de este tipo de denuncias o de los llamados delitos de “cuello blanco” tiene anclaje, según lo advierten los especialistas en la materia, en varios factores como presiones políticas, abogados que aplican estrategias dilatorias y fallas en las legislaciones vigentes, entre otras cuestiones.

Si bien la reforma realizada por ley 26.683 tiende a adecuar la legislación argentina a las exigencias internacionales tanto en relación con la regulación del recupero de activos de origen ilícito como en relación con el alcance de la tipificación del delito de lavado de activos, en conversación con BAE Judicial, Mateo Bermejo, coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sostuvo que “tanto la reforma legislativa como la creación de Procelac son parte de una política pública integral contra el lavado de activos que debería ser bien vista por el GAFI en la resolución que deberá tomar a mediados de este año en relación con el seguimiento intensivo de la Argentina”. Con el norte puesto en fortalecer las investigaciones de criminalidad económica, desde que la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac) –dependiente del Ministerio Público Fiscal– “se comenzó a trabajar desde diciembre de 2012 en investigaciones que culminaron en denuncias que hoy están en importante grado de avance procesal como el caso de los Alé en Tucumán, con procesamiento, prisiones preventivas y un enorme caudal de bienes embargados: 150 automotores, 15 camiones, 40 inmuebles, millones de pesos, etcétera”, explica el titular de la procuraduría Carlos Gonella.

Asimismo, ejemplifica otro caso de peso como el del “Cartel de Juárez”, una poderosa organización de narcotraficantes que será juzgada en los próximos meses, causa que marca la necesidad de que se trabaje de forma integral desde las distintas dependencias de la Justicia para lograr investigaciones que vinculen al lavado de activos con el delito del narcotráfico o la trata de personas.

“Tenemos la expectativa de que el GAFI advierta tanto los avances legislativos en la materia así como el lugar prioritario asignado a la temática por parte del Ministerio Público Fiscal, y los tome en consideración, junto con otras medidas tomadas por otros poderes del Estado orientadas en el mismo sentido, para aprobar la evaluación de nuestro país que tendrá lugar en el corriente año”, sostiene Bermejo.

Fortalecer la actuación de la Justicia

Del mismo modo que ocurre con otros muchos “delitos de cuello blanco”, el lavado de dinero suscita cierta indiferencia social. “Este ilícito no figura en las estadísticas criminales, tampoco se confeccionan mapas de delito económico con barrios resaltados en rojo, los delincuentes no se perciben como tales ni son arrestados por la policía, así como son raras las veces en las que se juzgan en los tribunales penales delitos económicos complejos y con efectos difusos”, analizó oportunamente para este diario la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, al tiempo que destacó en que “esto posibilita que se creen agujeros negros de evasión, fuga de capitales, vaciamiento, manipulación de títulos y de tasas de interés (millones de dólares se desvanecen en un instante) y que se magnifiquen las especulaciones financieras, conductas que generan, en los países periféricos, desigualdad y concentración de la riqueza”.

El lavado de dinero no encuadra dentro de las leyes de los mercados, ni en las sanas prácticas económico-financieras que deben gobernarlos. En conversación con BAE Judicial, Gonella explicó que “se buscan revertir los bajos niveles de juzgamiento. Hoy existen sólo cinco condenas por lavado de dinero en el país y es muy bajo el estándar de juzgamientos. Desde la Procelac estamos trabajando en un mapa del delito de lavado en la Argentina; al momento tenemos 4 causas elevadas a juicio y 150 en etapa de instrucción”.

Asimismo, según lo indican desde Procelac, para este año se espera la consolidación de varias de las investigaciones en curso, con importantes avances en las causas: el juicio oral por la causa “Solé” –de lavado de activos de la trata de personas– tendrá lugar este año, ya que la procuraduría junto con la Fiscalía Federal de Mendoza se encuentran elaborando el requerimiento de elevación a juicio de la causa.

La ruta del dinero

Tanto Gonella como Bermejo advierten que para abordar adecuadamente la investigación de estos crímenes económicos es necesario encarar el tema con una visión interdisciplinaria y de colaboración con otros organismos. “Hacemos foco en la investigación patrimonial y en investigar la ruta del dinero porque eso nos brinda no sólo elementos de prueba para corroborar la responsabilidad de los acusados, sino que también nos permite recuperar los bienes y darles una finalidad social”, indican.

En lo que respecta al régimen penal cambiario, Gonella advierte que se presenta en este ámbito un escenario complejo, dado que la ley que regula el régimen penal cambiario “tiene un desfase histórico de cuarenta años”. Así es que desde el MPF avanzan junto al Banco Central –que es la autoridad que instruye la causa– prestando asistencia técnica. “De acuerdo con esta ley, el MPF no interviene en la etapa de investigación sino que lo hace sólo cuando el sumario está instruido por el banco y elevado al fuero penal económico para que los jueces dicten sentencia”, explica Gonella, sobre lo cual advierte que sería necesario avanzar con un proyecto de ley que elimine el régimen penal cambiario y que este delito ingrese en el Código Penal “para ser investigado de acuerdo con las normas procesales como el resto de los ilícitos”.

LAS CIFRAS DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO

En el transcurso de 2014, desde Procelac se realizaron nueve denuncias por el delito de lavado de activos de origen ilícito; en el marco de estas acciones se solicitaron ocho medidas cautelares que permitan el aseguramiento de los bienes originados en una actividad delictiva. Se avanzó con la petición de tres allanamientos en esas denuncias. Asimismo, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se encuentra colaborando en trece expedientes judiciales a solicitud de las fiscalías federales intervinientes. En el marco de las investigaciones patrimoniales, la Procelac participa en 146 investigaciones patrimoniales, con miras a posibilitar un futuro decomiso de los bienes procedentes de un ilícito.

En 2013 se realizaron 32 denuncias por lavado. Asimismo, se solicitó la aplicación de embargos por $472.500.000, aproximadamente. Se postularon 155 medidas cautelares que permitan el aseguramiento de los bienes originados en una actividad delictiva.

En lo que refiere al resultado de estas medidas, se obtuvo el dictado de medidas cautelares sobre 281 bienes. Específicamente, se dispuso el secuestro de 147 vehículos automotores; 42 inmuebles; 26 cuentas bancarias o productos financieros; 7 inhibiciones generales de bienes; 59 armas de fuego. Asimismo, se secuestraron $3.338.603 en efectivo aproximadamente.

Durante el año 2013 se colaboró en 32 expedientes judiciales a solicitud de las fiscalías federales intervinientes.“También iniciamos investigaciones que culminaron en denuncias que hoy están en importante grado de avance procesal como el caso de los Alé en Tucumán, con procesamiento, prisiones preventivas y un enorme caudal de bienes embargados: 137 vehículos, 35 inmuebles, 59 armas de fuego y cuentas bancarias y productos financieros de 22 personas físicas y 4 personas jurídicas”, sostiene Bermejo.

VINCULACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO

“El delito de narcotráfico da lugar a grandes beneficios económicos que, para evitar que sean descubiertos y decomisados por el Estado, son ocultados de los órganos de control del Estado. Pero, a la vez, como los narcotraficantes desean lucrar con el tráfico de drogas y gozar de los beneficios del mismo, necesitan invertir en bienes y activos de diversa índole”, explica a BAE Bermejo y advierte que “para desvincular los beneficios obtenidos del narcotráfico de la actividad ilícita y otorgarles apariencia de licitud apelan a distintos tipos de inversión: desde la compra de bienes muebles (automóviles, yates, etcétera) o inmuebles, hasta la constitución de empresas que sirven como pantalla para introducir allí el dinero obtenido del narcotráfico y hacerlo aparecer como beneficios del giro comercial de la empresa. Todos los mercados son susceptibles de verse contaminados por el dinero de origen delictivo, más allá de que el mercado financiero ha sido considerado tradicionalmente el sector más vulnerable”.

En esta línea de trabajo, desde Procelac se encuentran colaborando en el caso “Cartel de Juárez”, una poderosa organización de narcotraficantes que será juzgada en los próximos meses. En la causa hay once personas imputadas y se trata de corroborar la hipótesis delictiva relacionada con la compra de bienes muebles e inmuebles en el país (campos, estancias, vehículos, maquinarias y demás accesorios agrícolas), la constitución de sociedades comerciales nuevas o la adquisición del paquete accionario de otras ya existentes.

“Dicho dinero ingresó en nuestro territorio a través de transferencias financieras provenientes del exterior (EE.UU.) y probablemente también con su entrega directa –en mano– a los componentes del grupo que tenía a su cargo realizar las inversiones cuestionadas”, señala Bermejo. Los bienes y las sociedades adquiridas y conformadas en el marco de las maniobras ilícitas investigadas, se encuentran sujetos a las medidas cautelares pertinentes y sometidos a custodia y administración judicial por parte del Tribunal Oral interviniente, sobre 15 bienes que incluyen inmuebles en Buenos Aires, Capital Federal y Mar del Plata, hoteles, establecimientos rurales, maquinarias agrícolas, estancias y parcelas en la provincia de Buenos Aires.

Algunas de las causas que avanzan y en las que colaboró Procelac, se encuentran la asociación Ilícita conformada por Rubén “la Chancha” Alé, en relación con el caso “Marita Verón”. La causa conocida como “Delfín” Zacarías –Operativo Flipper–, en la provincia de Santa Fe, donde se investigó la existencia de una organización delictiva que tenía como finalidad la producción y distribución de estupefacientes que operaba en Santa Fe y que dio lugar a los procesamientos y la prisión preventiva dictados contra “Delfín” David Zacarías (señalado como el líder de la banda), Sandra Marín, Joel Abel Zacarías, Flavia Leilén Zacarías y Ruth Castro por los delitos de tenencia de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes, producción, fabricación y preparación. Por otro lado, relacionada con el delito de trata de personas, se encuentra la causa “Solé”, donde se investiga a una asociación delictiva dedicada a captar y acoger mujeres, con el objetivo de explotarlas sexualmente en un prostíbulo vip, ubicado en la ciudad de Mendoza. El líder de esta banda, Sebastian Solé, era quien administraba y regenteaba el prostíbulo.

Fuente: BAE