Un proyecto de ley busca limitar los amparos contra organismos públicos
La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión y giró al Senado un proyecto de ley que restringe la presentación de recursos de amparos y medidas cautelares contra el Estado nacional, gobiernos provinciales y municipales y entes autárquicos.
La norma establece como principio general la prohibición de que los jueces dicten medidas que "afecten, dificulten, obstaculicen, comprometan o distraigan de su destino los recursos propios del Estado, sus entes descentralizados o autárquicos, empresas o sociedades de propiedad del Estado nacional".
Si bien el proyecto que responde a la autoría del diputado oficialista Juan País (Chubut) tuvo un trámite sin grandes sobresaltos tanto en la comisión de Justicia como en la sesión del miércoles pasado, la restricción a los recursos de amparo despertó suspicacias en algunos especialistas y en sectores de la Justicia.
Es que sospechan que si el Senado transforma en ley este proyecto se podría restringir la utilización de los amparos por parte de los particulares que se sientan damnificados, por caso, por aumentos de las tarifas de servicios públicos.
El constitucionalista Daniel Sabsay (en foto) calificó la iniciativa de "vergonzosa" y aseguró que "viola la división de poderes y la Constitución". El proyecto no se limita a los amparos, sino que afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado nacional, entes descentralizados o autárquicos y empresas o sociedades del sector público.
El jurista explicó que "hasta el presente, cuando a un juez se le pedía por un acto del Estado que dicte una medida cautelar, porque quedaba demostrado que en principio se había producido la violación de un derecho y que además había peligro en demorar la suspensión y luego seguía el juicio de fondo hasta tanto se dilucidara si efectivamente cabía o no hacer lugar al derecho solicitado por el particular, no hacía falta dar intervención del Estado para escucharlo o esperar una prueba del particular demostrando que la situación era extremadamente grave", en declaraciones a Radio 10.
Con la normativa proyectada, agregó Sabsay,"hoy se impone que el juez, salvo casos de extrema gravedad, tenga que dar vista al Estado por un plazo de tres días y eso puede extenderse por 15 días si se está litigando contra la administración pública, y el particular debe presentar una prueba para que ello ocurra, una prueba que evidentemente es gravosa".
"Con esto se ponen dificultades para que se puedan dictar medidas precautorias, que son aquellas que evitan el daño que produce un acto arbitrario", manifestó el abogado.
Asimismo, el constitucionalista añadió respecto al proyecto: "Complica las medidas cautelares que puedan dictarse tanto en precaución dentro de un juicio de amparo como en otros juicios, y evidentemente esto hace que nuestros derechos queden menos protegidos".
Sabsay aclaró que "la medida precautoria es una solución, es un complemento necesario para cumplir con el objetivo que persigue la Constitución, en su articulo 43, cuando en la reforma del 94 incorporó la figura del amparo".
Y agregó que la iniciativa busca proteger "al Estado". "En esto casos el Estado es como si se estuviera cubriendo y le hace mucho más difícil la tarea al juez y a la parte que quiere que rápidamente se suspenda ese acto", enfatizó.
Antecedente
Sucede además que un fallo de la semana pasada de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social habilitó una demanda por vía cautelar (amparo) para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le pague un reajuste a un jubilado en forma inmediata, mientras prosigue el juicio ordinario.
Varios diputados oficialistas, todos ellos integrantes de la comisión de Justicia -Diana Conti, Héctor Recalde y Jorge Landau-, aclararon que este proyecto cuya autoría es del chubutense País, es anterior a esta sentencia de la Cámara de la Seguridad Social y que el propósito "es restringir la industria de los recursos de amparos".
En muchos casos, especificaron Recalde y Conti, un amparo "paraliza decisiones fundamentales" de Gobierno y "otras veces hay mucho dinero en juego", dijeron a coro los diputados.
Un ejemplo de la "industria de los amparos", agregó, se produjo por el corralito de 2001 dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa. Aquella vez hubo jueces sensibles a los reclamos que, por caso desde el Chaco, ordenaban a un banco con sede en Buenos Aires a pagar al damnificado.