AGCO S.A. "no califica" para la obtención de beneficios fiscales
El Ministerio de Industria y Turismo sostuvo hoy que la firma AGCO SA "no califica" para la obtención de beneficios fiscales contemplados en el decreto 379/01, debido a que "la empresa no fabrica tractores sino que terceriza la totalidad de la producción en otras empresas".
La cartera que conduce Débora Giorgi, salió de esta forma al cruce de una solicitada publicada hoy por AGCO S.A. en un matutino porteño, en el que reclama la concreción de los incentivos fiscales contemplados en la citada norma.
El Ministerio de Industria recordó que el "el Decreto 379/2001 es un incentivo a la inversión nacional por el cual se otorgan beneficios fiscales que permiten pagar menos impuestos a las empresas nacionales que produzcan exclusivamente bienes de capital".
La auditoria para poder acceder a este beneficio esta a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires (UBA), que en el caso de Agco se pronunció en forma negativa en dos oportunidades.
"En este caso se realizó una primera auditoria con fecha 30 de abril de 2009 en la que se dictaminó que la firma AGCO "no califica" para obtener el beneficio fiscal; y ante la apelación de la empresa, la UBA efectuó una segunda auditoría con fecha 30 de octubre de 2009 donde ratificó que no corresponde otorgar el beneficio del Régimen de Reintegros a la Fabricación Nacional a la empresa AGCO", dijeron en Industria.
Según la cartera productiva, "el motivo de dicha negativa es que la empresa no fabrica tractores sino que terceriza la totalidad de la producción en otras empresas".
"AGCO es una firma que comercializa y vende y no produce bienes de capital nacional, sector que el Estado promueve a través de exenciones fiscales como política de incentivo a la producción e inversión nacional", agregó la cartera.
Por último, el Ministerio de Industria ratificó que "no emite ni emitirá bono alguno cuyo solicitante tenga auditoría negativa -tal es el caso de AGCO-, y seguirá cumpliendo con todas las normas vigentes para garantizar la transparencia y fiscalización de los procedimientos, resguardando el interés y los fondos públicos". (Télam).-