Aseguran que el reparto de utilidades de empresas no beneficia a los más pobres
El proyecto de distribución de utilidades de empresas entre sus empleados beneficiará más a las capas medias y altas de la sociedad que a los más pobres, revela un estudio de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL).
"En efecto, 2 de cada 3 asalariados privados registrados pertenecen a hogares del 50 por ciento de más alto ingreso per capita. La proporción en hogares pobres y vulnerables (30 por ciento de menor ingreso per capita) es inferior a 15 por ciento", destaca el trabajo elaborado por la consultora.
El reporte asegura que "la participación en las utilidades tendría un efecto limitado en los hogares de los tramos bajos de la distribución familiar del ingreso".
Así, considera que "es plausible una mejora en la distribución funcional entre trabajo y capital" pero que ello puede "persistir una elevada desigualdad".
El informe dice que si se incluyera a los trabajadores no registrados la situación no se modificaría demasiado porque "tienen a concentrarse en los tramos más bajos de la distribución familiar del ingreso". El estudio considera que si todos los informales cobraran el Fondo Solidario que se conformaría de acuerdo con el proyecto de ley con el 1 por ciento de las utilidades "su ingreso promedio aumentaría un 16 por ciento, pero seguiría siendo casi 75 por ciento inferior al de los beneficiarios plenos".
"Es posible, como lo muestra un ejercicio de cálculo de las disparidades ex ante y ex post, que esa desigualdad aumente. La razón, obviamente, es que los asalariados no registrados que calificarían para ese Fondo Solidario, equivalen en número a un tercio de los beneficiarios plenos, pero recibirían un décimo de las utilidades a distribuir", concluye Kritz.
El reporte estima que el 55 por ciento de los trabajadores asalariados estarían en condiciones de ser beneficiados por la iniciativa del diputado Héctor Recalde, 41 por ciento en forma directa y 14 por ciento a través del fondo solidario.
El proyecto de ley que cuenta con fuerte rechazo de todas las cámaras empresarias, comenzó a debatirse en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados y se prevé que se retome el trabajo en marzo de 2011. Mientras los legisladores del Frente para la Victoria y del radicalismo respaldan la iniciativa en la Comisión, el Grupo de los Seis de las cámaras más importantes apuestan hoy por hoy al poder de presión sobre el Poder Ejecutivo para introducir cambios.
Básicamente, pretenden eliminar un artículo que a su entender faculta a los sindicatos a vetar los balances de las empresas y que el porcentaje a distribuir de las empresas se negocie año a año en paritarias.
