El gobierno de México privatizará “de facto” el negocio petrolero

La gigantesca empresa nacional Pemex abrirá las puertas a las grandes transnacionales del sector energético, mediante contratos con particulares que fueron avalados por la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno de México privatizará “de facto” el negocio petrolero, después de que la Suprema Corte de Justicia avalara contratos y convenios con particulares para la explotación del crudo, que por disposición constitucional, sin embargo, está a cargo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano de la Energía (OCE) –una prestigiosa entidad con la que coinciden expertos privados y académicos–, “esos contratos desdibujan la sustancia de Pemex y manipulan el concepto de renta petrolera”.

La entidad señala que esos contratos “permiten que se asignen áreas exclusivas a privados para que realicen obras y entreguen el gas y el petróleo que extraigan”. Sin embargo, Gilberto Ortiz, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de la Industria, precisó que “sólo las empresas más grandes podrán participar en el reparto de la torta (porque) nadie aquí tiene el peso económico y la tecnología para hacer ese tipo de trabajos”.

Sarahí Ángeles Cornejo, una experta de la Universidad Autónoma (UNAM), fue más allá al señalar que “estamos ante una privatización encubierta (para) favorecer a las grandes empresas, especialmente de Estados Unidos”.

Todos los expertos acuerdan en que los contratos con particulares son un paliativo para intentar frenar la caída de la producción y asegurar el abastecimiento interno. “Será poco, o incluso nulo, el beneficio que pueda aportar a la economía nacional”, dijo Ortiz. “Con esto, Pemex abrirá la puerta a las grandes transnacionales de la energía para permitirles explorar y explotar los yacimientos mediante los llamados contratos incentivados”, advirtió Cornejo.

Tras el aval de la Corte a los contratos con particulares, el nuevo proceso comenzará en las primeras semanas de 2011, cuando la estatal mexicana haga la convocatoria para participar de la nueva modalidad de inversión.

Pemex espera que los contratos le permitan asegurar una cierta estabilidad en los niveles de producción (2,5 millones de barriles por día, que deberían llegar a 2,8 millones en el año 2013). Pero, más allá de la decisión de la Corte, puede toparse con problemas. El artículo 27 de la Constitución señala que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos y será la Nación la que lleve a cabo la explotación de estos productos”.

Cornejo señaló que lo que se logre extraer con esos contratos “será poco” si se compara con lo que el país necesita para recuperar todo el petróleo que dejó de producir entre 2005 y 2010 (unos 800 mil barriles diarios). “El problema no se va a resolver y la intención es sólo liberalizar el sector energético a las empresas extranjeras”, alertó. Los contratos a licitarse a partir de enero serán para los campos petroleros “maduros”, aquellos que fueron abandonados pero todavía tienen recursos, y ese es “el primer paso para abrir la exploración y explotación a otras zonas, como las aguas profundas, y las beneficiadas serán siempre las trasnacionales”, insistió. <

A 72 años de la expropiación

El 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las 17 multinacionales que explotaban el petróleo mexicano, entre ellas las actuales Shell, Chevron-Texaco, Exxon-Mobil, Sinclair y Gulf. Cárdenas sabía los sacrificios que acarrearía el sostenimiento de semejante medida. De ahí, una de las frases finales de su célebre discurso de ese día: “Pido a la Nación entera el respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.”

(Tiempo Argentino)