Entre el 17 y el 22 de octubre se realizarán las reuniones para tratar el lavado de dinero

La reunión se realizará entre el 17 y el 22 de octubre próximos. Allí se intentará que el organismo postergue la fecha de calificación hasta febrero de 2011. Eso permitirá mostrar ciertos logros para evitar calificaciones perjudiciales para las inversiones internacionales.

Un nuevo marco legal y un férreo control sobre el sistema financiero son los ejes centrales de la estrategia del Gobierno para mostrar los avances para prevenir y penar el lavado de dinero ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se reunirá del 17 al 22 de octubre en París. El objetivo del Plan GAFI es posponer la calificación sobre la Argentina hasta febrero de 2011. Esa postergación podría evitar las definiciones como “estado no cooperante” y no aconsejable para la inversión porque, de ese modo, el análisis incluiría sólo el último año de trabajo de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Diseñamos un plan y un informe muy complejo de cómo se está combatiendo el presunto lavado de dinero y cómo se lo enfrentará en el futuro. Si bien el GAFI va a emitir un juicio sobre cómo actuó la UIF el año pasado, queremos que la sentencia final quede postergada hasta febrero porque hemos cambiado la imagen en varios aspectos”, señaló el presidente de la UIF, José Sbattella, a Buenos Aires Económico.

El programa de acción, compartido con el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Nacional de Valores, consta básicamente de cinco ejes: n La demostración ante las máximas autoridades del GAFI de que existe un proyecto de ley que –por primera vez en la historia nacional– castiga el lavado de dinero en sí mismo y ya no dependiendo de delitos preexistentes;

– La investigación sobre entidades financieras con multas nunca antes aplicadas; – Inspecciones in situ a todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, sean bancos, estudios contables, financieras, escribanías, casas de cambio, etcétera; – Los pedidos a diversos jueces para que el Estado ingrese como querellante en causas de posible lavado de dinero, a la vez rechazados en numerosas ocasiones por el Poder Judicial; y – La capacitación internacional de los agentes de la UIF, tal como pidió el GAFI en la cumbre entre ambos organismos realizada en julio pasado en París.

Los nuevos sujetos. En las últimas semanas, Sbattella intensificó el ritmo de reuniones para terminar de pulir el plan con dos protagonistas que lo acompañarán a Francia: uno de los directores del Banco Central, Arturo O’Connell, y la especialista en lavado de la Comisión Nacional de Valores, Alba Ávila Quintana.

Según explicó Sbattella, los ejes que la delegación nacional defenderá en torno al proyecto de ley –hoy en manos de la Comisión de Legislación Penal de Diputados– pasan por: la obligación de la AFIP de revelar el secreto fiscal “únicamente en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto obligado”.

Los nuevos “sujetos” que serán informados al GAFI serán los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades administradas por ellos; las asociaciones mutuales y cooperativas; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de vehículos de toda clase, y maquinaria agrícola, y las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios.

Los documentos a los que sólo les falta pulir los últimos detalles incluyen la posibilidad de que los jueces empleen técnicas de investigación especiales como operaciones encubiertas, entre otras.

Inspecciones. En forma conjunta, y ante un pedido específico del GAFI, la UIF resolvió supervisar, mediante inspecciones in situ, el cumplimiento de normas por parte de distintas personas jurídicas.

El titular de la UIF adelantó que se llevará como mínimo un detalle del resultado logrado en las recorridas por joyerías y coleccionistas de arte, presuntos lavadores de oro, “un bien que en este momento ha alcanzado los 1.300 dólares la onza y sobre el que tenemos la lupa puesta”, dijo Sbattella.

Asimismo, tanto la UIF como el BCRA y la CNV dejarán en claro que si no se puede avanzar en mayor medida en muchos expedientes judiciales es porque no se admite el ingreso del Estado como querellante. A este punto, se anexará el hecho de que por primera vez, un tribunal sustanciará en la Argentina un juicio oral y público por lavado de activos, en la doctrina que estableció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al interpretar que no hace falta acreditar el delito subyacente para avanzar en una investigación por blanqueo.

Un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, que en 2005 ingresaron en el país con 618.000 dólares ocultos en el doble fondo de un bolso, una mochila y un porta-traje, serán juzgados bajo cargos de contrabando y lavado de activos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.

(El Argentino)