Fue demandada Obras Sanitarias Mendoza por supuesta evasión y fraude al fisco

El gobierno mendocino demandó a la empresa concesionaria del servicio de agua, Obras Sanitarias Mendoza, por supuesta evasión y fraude al fisco y porque no habría cumplido con su responsabilidad social, se informó oficialmente.

La demanda fue presentada sobre la base de una auditoría realizada por técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que arrojó un informe "lapidario" contra la empresa, que actualmente se encuentra intervenida por el gobierno.

El Ejecutivo mendocino en un comunicado informó que "del informe se desprende la necesidad de realizar acciones judiciales contra los privados que tuvieron concesionada OSM, por administración fraudulenta, entre otros delitos".

"También se registraron incumplimientos varios, que incluyen la provisión de la cobertura de agua potable y cloacas. Además señala irregularidades en los estados contables y en la evolución financiera de la empresa", afirmó.

Asimismo, la administración del justicialista Celso Jaque sostuvo que "la auditoria a Obras Sanitarias recomienda la rescisión del contrato con la empresa concesionaria" y recordó que "todo el arco político avala la extensión de la intervención por 180 días más". "Las fuerzas políticas mayoritarias avalan al Ejecutivo en que la empresa vuelva definitivamente a manos del Estado", afirmó el gobierno provincial.

Amparado en la auditoría de la UNCuyo, que dirigió José Luis Puliafitto, el Ejecutivo mendocino denunció penalmente a cinco ex directivos de la empresa durante la gestión privada por supuesta administración fraudulenta por un monto estimado en 20 millones de pesos cobrados a la empresa para el pago de sus salarios entre 2002 y 2008. Asimismo presentó una denuncia ante la Justicia Federal, por evasión impositiva, además de una acción de responsabilidad social que es llevada adelante por la Provincia como parte de la empresa, ya que tiene el 20 por ciento de las acciones.

El subsecretario de Legal y Técnica provincial, Fernando Simón, informó a la prensa que "la suma representa el 40 por ciento o más del déficit financiero de la empresa en distintos períodos". El funcionario adelantó que "hay otras acciones previstas dirigidas a los pasivos ambientales" en los que habría incurrido la administradora privada de esa empresa. De la auditoría surge que la firma habría incurrido en "falta de mantenimiento de los bienes y de planes de inversión", ya que existen 11.000 reclamos insatisfechos de usuarios registrados en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, y deterioro de plantas y redes, entre otros puntos.