Holdouts que no fueron parte del litigio reclamarán pago similar al que se acuerde con fondos buitre

Con el inicio de las conversaciones formales en el despacho del mediador, Daniel Pollack, tras la visita del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, los holdouts que no eran parte del litigio empezaron a reunirse en la búsqueda de acordar un pedido para que la Argentina les haga un pago similar al que se le haría a los buitres.

Ayer, los socios del estudio jurídico norteamericano Bingham McCutchen empezaron a convocar a abogados de acreedores del país y a minoristas, con la mira puesta en un nuevo juicio. Para eso, acudirían ante el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa, que es quien falló en contra de la Argentina y a favor de los fondos NML, Ollifant, Aurelius y otros trece inversionistas argentinos.

Según la agencia internacional de noticias Bloomberg, los abogados de Bingham tuvieron reuniones ayer desde las 14, y recibieron pedidos de varios holdouts.

En el Gobierno estuvieron atentos a esos nuevos litigantes, y calculan que el máximo que podrían pedir al país, en conjunto, sería de 15.000 millones de dólares.

Sin embargo, estimaciones privadas proyectan que el potencial de esos reclamos no superaría los u$s10.000, ya que buena parte de la deuda está en manos de bonistas no estadounidenses.

Uno de los mayores acreedores, dentro de ese famoso 7% (92% serían los tenedores de bonos reestructurados y un 1% los demandantes), sería el capital de Kenneth Dart que, según se estima, poseería alrededor de u$s 2.000 millones en deuda argentina.

En el entorno de Kicillof saben que buena parte de estos potenciales litigantes podrían obtener un fallo positivo “express” por parte de Griesa.

Sin embargo, la prioridad es que no se active la cláusula Righ Upon Futuro Offers (RUFO), por la que el total de los bonistas que aceptaron entrar en el canje en 2005 o 2010 podrían exigir que el país les pague la diferencia entre lo que cobraron ellos y lo que se le pagará a los buitres.

Eso, sostienen desde el Gobierno, habilitaría una ola de juicios que podría llegar a disparar la deuda a cifras incalculables.

Por este motivo, el objetivo principal es que no se active la cláusula RUFO, que vence en diciembre. Para eso, se intentará que cualquier pago sea a partir del año que viene. Las demandas de los holdouts serían un “mal menor”. Desde el Ejecutivo no dijeron si habrá conversaciones con esos futuros litigantes.

Fuente: BAE