Licitarán tres obras para ampliar la red de transporte eléctrico
La Secretaría de Energía definió las tres primeras obras de ampliación de la red de transporte eléctrico que serán concesionadas a inversores privados, con el fin de mejorar las actuales condiciones de un sistema que está en riesgo de colapso, debido a la “ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa”.
Las instrucciones a la Subsecretaría de Energía Eléctrica para elaborar los pliegos de licitación se dispusieron en la resolución 311/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, en el marco de la ejecución del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
Las primeras obras Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos y en una primera etapa se seleccionaron tres líneas, que requieren atención inmediata.
Una de ella es la AMBA I, con la que se busca mejorar la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional.
La segunda es la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo, a la vez que permitirá evacuar parte de la generación del Comahue.
Por último, se licitarán las obras para la ampliación de la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.
Un total de 16 proyectos Energía precisó que esas obras “forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria”.
En ese sentido, destacó que “el estado actual del sistema eléctrico revela deficiencias estructurales que derivan en cuellos de botella, interrupciones del servicio y altos costos por generación forzada” y puso de relieve que la obra AMBA I, por ejemplo, “reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país” y uno de los más afectados por los cortes de suministro en ocasión de altas temperaturas.
Sector privado En un comunicado, la Secretaría distinguió que “a diferencia de los modelos anteriores, el nuevo esquema se basa en un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado”, con lo que se impulsa “una transformación estructural con más eficiencia, menor gasto público y mayor participación del sector privado en la modernización del sistema energético nacional”.
Esa decisión se tomó debido a que “en los sistemas de transporte de energía eléctrica, tanto interregional (en extra alta tensión) como regional (por distribución troncal) y, en algunos casos de interconexión internacional, se evidencia un estado de falta de capacidad remanente y, en algunos casos, de saturación”.
En los considerandos de la resolución, se indicó que esa situación obedece a “la ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa de éstos, que ha obligado a recurrir a generación local con los sobrecostos que dicha situación conlleva”.
El aviso de julio de 2024 Al respecto, recuerda la advertencia formulada el 17 de julio de 2024 por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en un informe que detalló las deficiencias estructurales en redes de alta y media tensión, cuyas ampliaciones y/o extensiones no han acompañado el crecimiento de las demandas máximas, con limitados niveles de reserva operativa que se verifican en días y horas de alta exigencia tanto en época estival o invernal".
Esos condicionamientos, sostuvo Energía, “son incompatibles con una operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones de suministro y energía no suministrada”, por lo que “resulta necesario implementar de forma urgente medidas de diversa índole en los distintos segmentos del sector eléctrico que permitan evitar, reducir y/o mitigar las probabilidades de restricciones y colapsos de tensión”.
La repartición encabezada por María Carmen Tettamanti se refirió a las interrupciones del servicio en el AMBA del 15 de enero de 2022, el 10 de febrero de 2023 y el 14 de marzo de 2023, antecedentes que “dan cuenta del alto riesgo de ocurrencia de nuevos casos de desabastecimiento de energía eléctrica en el SADI (Sistema Argentino de Distribución), por lo que resulta imperioso llevar a cabo la ejecución de obras de infraestructura de transporte de energía eléctrica, prioritariamente sobre la red de alta tensión y extra alta tensión”.
Fuente: Diario BAE
