Presupuesto 2026: el Gobierno consiguió dictamen en Diputados y avanza hacia la sesión
El Gobierno no detiene su estrategia parlamentaria: distribuyó la integración de comisiones a su favor, consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias. También avanzó su iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.
El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas , se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.
El dictamen oficialista obtuvo 28 firmas y se votará desde las 14 horas en sesión este miércoles 17 de diciembre. Entre los que apoyaron la propuesta, hubo seis respaldos con disidencia. El bonaerense Falcone (MID) y el misionero Herrera (Innovación Federal) presentaron su antagonismo a la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, mientras que los representantes del PRO (Fernández Molero y De Andreis) criticaron la falta del punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el artículo 71 del proyecto, que establece el mecanismo de saldo de deuda de las distribuidoras eléctricas. Las otras dos disidencias fueron del radicalismo.
Se conocieron otras dos iniciativas. Una de ellas es de Unión por la Patria (18 apoyos) que precisamente hizo hincapié en las leyes insistidas por el Congreso (financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica). La presentación de sus puntos principales fue realizada por Germán Martínez, quien insistió en la nueva narrativa justicialista ("no hay un único camino") enumerando propuestas el peronismo legislativo debatió durante el último año: presupuesto para el ENARD, el sostenimiento de la ley que promueve aumentos paulatinos de los fondos educativos y la preservación de la extensión del régimen de Zona Fría.
La otra redacción es de Provincias Unidas, con tres respaldos. Su documento, cuya premisa es que "alcanzar el equilibrio no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales", también promueve el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica. Además, agrega líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo, mientras que incorpora instrumentos para la "protección del patrimonio estratégico" y para el registro de capitalización de la deuda pública.
La Libertad Avanza logró que avance su proyecto con los acuerdos previos con los gobernadores, pero además se garantizó el dictamen de mayoría a partir de una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así fue que entre el empate de dos interbloques (el de Provincias Unidas-Encuentro Federal y el del PRO-UCR), se distribuyeron cuatro lugares para radicales y macristas, más alineados con el oficialismo, en detrimento de los tres representantes de los provincialistas opositores. Misma lógica ocurrió con el Frente de Izquierda (con un bloque de 4 diputados), al que no le cedieron representación, aunque sí lo hicieron a Elijo Catamarca (3) y Producción y Trabajo (2).
Proyecto para penalizar el déficit fiscal La iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria" impulsada por el Gobierno establece condenas penales de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Las penas se incrementan de 3 a 10 años para aquellas personas que ocupen cargos en el Banco Central
Además dispone que "los gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general". Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. También señala que el Ejecutivo nacional "deberá abstenerse de solicitar al BCRA adelantos transitorios con el objeto de financiar el gasto primario".
El proyecto tuvo una serie de rechazos de los bloques considerados "del centro", muchos de ellos aliados al Gobierno e incluso que apoyaron el Presupuesto 2026. Por caso, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) calificó a la iniciativa como "un mamarracho jurídico e inconstitucional" que "pretende condicionar y ponerle un cepo al debate y sanción de leyes" y le otorga "superpoderes al jefe de Gabinete", al que "habilitan a recordar y modificar el presupuesto que vota el Congreso sin límites, sin topes y sin control".
En ese marco, Unión por la patria presentó su propio proyecto, cuyo objetivo es crear "un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis", además de que establece "un tope a la deuda en moneda extranjera del Estado Nacional, así como plazos mínimos de permanencia a la entrada y salida de capitales", tal como lo expresaron en un comunicado oficial.
Fuente: Ambito
