Proponen proyecto para asistir a deudores domésticos

Cuando alguien pretende acceder a un crédito personal evalúa principalmente dos variables: las tasas de interés y la forma en que podrá cumplir con su cuota mensual. El primero de esos puntos a tener en cuenta no presenta demasiadas opciones más que la de elegir entre las ofertas en el mercado; pero en el segundo caso entra en juego el "factor incertidumbre" que puedan tener los propios clientes ante un eventual imprevisto que les haga imposible cumplir con sus compromisos de pago.

En ese marco, la diputada del Pro Gladys González presentó un proyecto con el cual se busca crear una instancia administrativa de conciliación previa a que los casos de morosidad se judicialicen. La iniciativa, que abarca a los créditos de consumo - no comerciales ni empresariales-, busca proteger a las personas para que no entren en una situación de "default" por cuestiones ajenas o por problemas personales.

"Las crisis económicas, la pérdida de empleo, una enfermedad grave o la ruptura del vínculo conyugal son circunstancias adversas que pueden tornar imposible el pago de una deuda", explicó González. El procedimiento propuesto por la diputada prevé un plazo de 35 días hábiles para que los deudores intenten acordar con sus acreedores una forma de pago. La misma puede incluir la reducción o suspensión de intereses, reestructuración de los plazos de pago, unificación de deudas y hasta quitas y condonaciones parciales. Agotada la negociación, sin que se llegue a un acuerdo, se establece un procedimiento judicial especial.

"No está pensado para aquellos que tienen un consumo irresponsable", explicó la diputada en diálogo con ámbito.com. Además señaló que se debe promover una campaña fuerte desde el Estado y desde Defensa del Consumidor para concientizar a la población sobre el uso responsable de las opciones de crédito.

En la Argentina, el crecimiento del crédito fue exponencial, aunque no fue acompañado de mejoras en el acceso y en las facilidades de pago. No sólo las entidades financieras tradicionales han aprovechado ese auge, sino que también se sumaron cadenas crediticias menores y casas de electrodomésticos, supermercados, etc. Con ese panorama, en los últimos siete años el uso de tarjetas de crédito y las solicitudes de préstamos personales se han convertido en las principales formas de financiamiento para el ciudadano común.

"Argentina está estimulando el consumo a través de créditos, pero aún no contamos con una legislación que prevea situaciones inherentes a un cambio de escenario social o individual que pueda provocar insolvencia", sostuvo González.

"Hay financieras que cobran intereses más altos de los que establece el Banco Central, sobre eso hay que ejercer un mayor control", opinó González; sin embargo, aclaró que el objetivo de la norma no apunta directamente en ese sentido.

El proyecto del Pro establece la creación de la Unidad de Conciliaciones de Sobeendeudamiento Pasivo (UCSP), que funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, que será la encargada de llevar adelante la gestión entre el deudor y su acreedor. Quien solicite el procedimiento, que será gratuito y confidencial, podrá hacerlo personalmente o por Internet.

Los acuerdos serán a un plazo máximo de cinco años. Durante ese lapso, los deudores no podrán tomar nuevos pasivos sin la autorización de la UCSP, que lo evaluará según el caso y situación particular. Si el usuario incumple su parte, automáticamente el tema se judicializaría por no haber respetado el acuerdo.

Otro punto interesante es que los deudores que adhieran a este régimen de mediación serán retirados del Veraz. Según la diputada esto se concretará así porque "muchos empleadores consultan el Veraz" a la hora de contratar personal, y lo mismo ocurre a la hora de, por ejemplo, cerrar un contrato de alquiler para una vivienda.

"La única forma de desarrollar una cultura de consumo y acceso al crédito responsable es promoviendo la recuperación de la economía familiar, mediante una legislación que normalice su situación financiera y evite cualquier situación de exclusión social o laboral", señaló la diputada miembro de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Y sintetizó: "Prevenir la insolvencia es defender a los usuarios".

El problema que surge para el proyecto del Pro es la falta de tiempo para tratarlo. Si bien ya fue presentado y girado a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (del cual la diputada es la Secretaria), Legislación General, Justicia y Finanzas, el fin de las sesiones ordinarias en el Congreso podría impedir el debate de la iniciativa. Sin embargo, González sostuvo que si no se puede este año insistirá con abordarlo en cuanto se reanude el ciclo legislativo.

(Ámbito Financiero)