Tiene media sanción de Diputados la expropiación de Aerolíneas
A pedido de La Rosada, la Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, con lo cual ambas y sus empresas subordinadas Jet Pack, Optar y Aerohandling pasarán a ser controlados por el Estado.
El proyecto fue aprobado en general por 153 votos afirmativos contra 84 negativos. El kirchnerismo logró ese importante número con el apoyo, entre otros, del cobismo, y de los ex aristas de Solidaridad e Igualdad (SI).
El oficialismo aceptó una serie de modificaciones propuestas de SI que en líneas generales plantea incorporar la separación entre deuda legal e ilegal de la empresas, obliga al Estado nacional a participar de las demandas penales por el vaciamiento y la defraudación de la AA y la elaboración de un plan general de negocios e inversiones de línea área.
El jefe del bloque K, Agustín Rossi, destacó que el proyecto contó con "beneplácito y la convergencia de los trabajadores" de AA, a los que calificó como indispensables para el funcionamiento de la empresa, y remarcó que "el servicio de Aerolíneas Argentinas ha mejorado sustancialmente desde que el Estado participa activamente en su conducción".
Recordó que la intención de la norma es "mantener un servicio público esencial para la República Argentina, de la manera menos onerosa para el Estado argentino" y que con la misma se está "resolviendo un problema que no podemos negar".
JUICIO. Poco después del sí a la expropiación que dio Diputados, el Grupo Marsans confirmó su decisión de demandar al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ante lo que consideró una "confiscación" de Aerolíneas y Austral.
"Nuestra postura sigue en línea con lo que veníamos manteniendo al respecto, esto no se trata de una expropiación sino de una confiscación", sostuvo el vocero de la compañía española.
Marsans añadió que esa supuesta confiscación se realizó en el marco de "aprietes o acosos a los que venimos siendo sometidos hace tiempo, incluso con medidas de fuerza" de los gremios que agrupan a los trabajadores de la empresa.
EL DEBATE. El diputado Mariano West (Frente Para la Victoria) -quien preside la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que recomendó la expropiación de las empresas- destacó que con la media sanción se viene "a reinvidicar un Estado presente, un Estado activo" y "a garantizar un servicio público".
También, indicó que, para ampliar el consenso a favor del dictamen presentado por el FPV, se iba a incluir un artículo "sugerido" por el bloque SI (ex ARI) para discriminar los pasivos legítimos de los dolosos que asumirá el Estado.
Carlos Raimundi (SI) explicó después que "el Estado y la sociedad argentina no pueden pagar deudas que no le correspondan" y recalcó que "no merece confianza que este proceso" lo lleven adelante el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Por eso, manifestó que, si el FPV aceptaba incorporar en la ley un artículo que dijera que el Estado "va a discriminar los pasivos que provienen de los activos de la empresa pero de ninguna manera avalar en nombre de la sociedad pasivos fraudulentos o dolosos adquiridos por el mal manejo del anterior administrador", iban a cambiar su abstención por el voto positivo.
A la posición expuesta por Raimundi, que también apuntó la posibilidad de entablar demandas judiciales en el país y el exterior contra Marsans por los pasivos producidos, se sumó también Claudio Lozano, de Proyecto Sur.
En cambio, la socialista María Elena Martín apoyó por su bloque un dictamen propio de minoría que propone la expropiación de "bienes necesarios y convenientes para que el Estado Nacional preste el servicio" pero insistió en que el Estado no asuma las deudas dejadas por Marsans.
Alejandro Rossi (FPV) subrayó que la expropiación de acciones planteada por el oficialismo "tiene cero peso de costo" y que si bien implica que el Estado asuma el pasivo de las empresas, por ejemplo hay un 30 por ciento que corresponde a la renegociación con los propietarios de los aviones en leasing que se debe hacer.
Además, dijo que la opción de plantear sólo algunos activos para mantener el servicio público, como planteó un sector de la oposición, costaría "un depósito de no menos entre los 750 millones y los mil millones de dólares al contado, para tener lo que hoy tenemos".
Por otra parte, alertó que se generaría, si se expropiaran bienes en el exterior, "un nivel de conflictividad en la jurisdicción internacional" porque la Argentina tiene con algunos países, como Suecia, Francia y México, convenios de protección de inversiones.
En igual sentido, Vilma Ibarra (Encuentro Social) puntualizó que en materia de pasivos hay 212 millones de pesos de deudas contra empresas nacionales y provinciales que se confundirán con los recursos nacionales y recordó que aunque se expropiaran sólo activos el Estado "igual se hace cargo de deudas contra terceros".
"Seguramente hubo mal control de funcionarios públicos", admitió en una clara alusión al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pero remarcó que "no podemos hacer discursos fáciles y decir que esto se resuelve expropiando sólo activos".
El radical Rubén Lanceta, que planteó en la bicameral de Reforma del Estado junto a Esteban Bullrich (PRO) un dictamen alternativo proponiendo también la expropiación sólo de activos necesarios, insistió en que con la expropiación propuesta por el FPV "vamos a pagar pasivos ilegítimos".
Sostuvo que el Estado es acreedor "por inacción, porque durmieron en los laureles" en el Poder Ejecutivo y reiteró la necesidad de "declarar nula el acta Jaime- De Vido", firmada en julio cuando se asumió la gestión de AA, para eliminar la posibilidad de ulteriores demandas judiciales contra la Argentina.
El margarito de la CC Juan Carlos Morán habló de una supuesta "devolución de favores" a Marsans de Néstor Kirchner, debido a que el grupo español "aportó 398 mil pesos a la campaña de Cristina de Kirchner", denunció.
Beatriz Daher (Unión Peronista), quien todavía preside la comisión de Transportes, apuntó que en el proyecto "no se establece que el traspaso de las empresas implican un costo de cero peso" como afirma el FPV, al tiempo que Esteban Bullrich (PRO) aseguró que "la deuda nos va a costar 800 millones de dólares".(CRITICA DIGITAL)
