Según un informe del Conicet, el proyecto del 82% móvil aumentaría 15 por ciento la desigualdad
El Senado podría convertir en ley mañana el proyecto que propone establecer un piso para el haber mínimo en el 82% del salario mínimo vital y móvil. Según una investigación del Conicet, esta iniciativa es mucho más que eso: pulverizará los logros alcanzados en materia previsional y aumentará un 15% la desigualdad en la clase pasiva.
Según un avance del estudio que están elaborando economistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), al que Buenos Aires Económico tuvo acceso exclusivo, la implementación de esta ley podría tener un impacto demoledor.
De aprobarse el texto fogoneado por la oposición, los investigadores afirman que no sólo se desfinanciaría el sistema, sino que el articulado generaría un impacto negativo en materia de reparto de la riqueza dentro de la clase pasiva. Además, perjudicaría la distribución del ingreso a nivel regional y los avances en igualdad de género.
Los resultados preliminares provistos por el Conicet dan cuenta de que en el artículo 1º de la ley, que propone que “el haber mínimo garantizado será el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la promulgación”, generaría un gasto inicial cercano a los $23.000 millones.
Pero el mayor gasto que tendría que afrontar el Estado –si los senadores aprobaran la iniciativa– no sería éste, sino los propuestos por los artículos 5º, 6º y 7º, que plasman tres fallos que la Corte Suprema de Justicia tomó en materia previsional (de los casos Eliff, Sánchez y Badaro).
Sobre la base de las proyecciones del Conicet, estos tres artículos implicarían un gasto de entre $40.000 millones y $50.000 millones, es decir, cerca del doble del desembolso que habría que hacer para otorgar el 82% móvil a los jubilados que cobran la mínima.
Los investigadores reconocen que el artículo 1º reduciría la pobreza y la desigualdad, pero aclaran que las implicancias no serían sustanciales.
Si los economistas del Conicet deciden evaluar en función de la medición de la pobreza del INDEC, con la aplicación del proyecto, la pobreza baja del 12 al 11 por ciento y si utilizan la medición de siete provincias, la pobreza se reducirá del 21 al 19,5 por ciento.
Y esta exigua mejora responde a que los artículos 5, 6 y 7 aumentan un 22% la desigualdad dentro de la clase pasiva. Esta caída se morigera con la mejora que traería la aplicación del artículo 1º, que daría un neto de un aumento de la desigualdad del 15 por ciento.
Es decir, en el mejor de los casos se reducen 1,5 punto porcentual la pobreza con un gasto de $60.000 millones.
Y los beneficiarios de estos puntos que tienen esta multimillonaria implicancia no son otros que los jubilados hombres con altos ingresos, que viven en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en la ciudad de Córdoba.
Es por eso que, como el proyecto no prevé una financiación genuina y nueva para este aumento en las erogaciones públicas, en el Conicet advierten que una ley de este tipo significará, en la práctica, quitarle dinero a los jubilados más pobres, a los de todo el país y a las mujeres que lograron estar incluidas en el sistema gracias a la moratoria previsional.
Los conflictivos. El artículo 5º introduce el Ajuste Eliff, que es un recálculo de los haberes iniciales. En el artículo 6º se establecen pagos retroactivos por haberes mal liquidados entre 1991 y 1995, que se basa en el fallo del caso Sánchez.
Además, el artículo 7º ajusta con un coeficiente más alto con valores post convertibilidad, apoyados en el caso Badaro.
Según las previsiones del Conicet, estos tres artículos sumados podrían sumar ajustes que van desde el 80 hasta el 1.000 por ciento y se indicó que hubo personas que a partir de estos fallos pasaron a cobrar de $4.000 a $33.000, con retroactivos que superan los $2 millones.
Estos tres artículos beneficiarían, explicaron los economistas, a jubilados que no ingresaron en el sistema por moratoria y perciben altos haberes y sus jubilaciones se verán incrementadas en un promedio del 80 por ciento.
(El Argentino)
